Sale a información pública la expropiación a Sniace de los terrenos de 'El Patatal'

Los terrenos expropiados suman 141.626 metros cuadrados divididos en cutrao parcellas. Las tres que se corresponden a la zona conocida como 'El patatal', entre Sniace y el Saja, se encuentran recogidas en el PlanGeneral de Ordenación Urbana (PGOU) como parque de ribera de ‘Las Tablas’. El acuerdo plenario que decidió la expropiación tambien acorddó la declaración de esta actuación como de utilidad pública para la adquisición de los bienes y derechos afectados.

El Ayuntamiento y Sniace no se pudieron de acuerdo sobre la renovación del contrato de alquiler de los terrenos incluidos dentro del complejo fabril.

Sniace, propietaria de los terrenos, tenía firmado desde el año 1998 un convenio con el Ayuntamiento para el uso de estas instalaciones pero ese acuerdo caducó en el año 2011 cuando la empresa exigió al Ayuntamiento la revisión y actualización del precio que estaba pagando el Consistorio en concepto de alquiler del espacio (88.000 euros al año). Mientras tanto, según la Administración local, Sniace le adeuda a Torrelavega una cifra cercana a los 1,8 millones de euros en conceptos como el pago del IBI(Impuesto de Bienes Inmuebles), frente a los 750.000 euros que la empresa reclama al Ayuntamiento por el alquiler de estas instalaciones, una vez vencido el convenio.

El expediente de expropiación fue aprobado por el pleno municipal a finales de julio y pretende la obtención de estos terrenos clasificados como sistema general deportivo (suelo urbanos) y sistema general en espacios libre en suelo no urbanizable, suelos que en la actualidad no tiene ningún uso productivo para la factoría

Estará expuesto a información pública por espacio de un mes, contado desde este viernes 25 de agosto, tras su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

En relación también con Sniace, el mismo pleno que aprobó las expropiaciones decidió reconocer la deuda con la empresa por el uso en precario de las instalaciones del complejo Óscar Freire entre los años 2011 y 2017, una propuesta que salió adelante con el acuerdo de todos los grupos, salvo el PP que se abstuvo.

La propuesta municipal consiste en el reconocimiento de una deuda del Consistorio con la empresa de 531.000 euros, más 70.000 euros de intereses.