El soterramiento obligará a Torrelavega a endeudarse y a incumplir la estabilidad presupuestaria

Así lo constata un informe del interventor municipal en el que destaca el «obligado» e «inevitable» recurso al endeudamiento y alerta de la necesidad de aprobar un plan de equilibrio económico y financiero ya que se incumplirá el principio de estabilidad presupuestaria en los gastos del Consistorio.

La aportación del Ayuntamiento de Torrelavega para financiar el coste de las obras de soterramiento comenzará este año con una partida de 280.000 euros, mientras que en los presupuestos de 2019 están previstos 2,54 millones; siendo en los ejercicios de 2020 y 2021 cuando haya que recurrir a los préstamos de los bancos para aportar los 4,93 y 5,55 millones de euros presupuestados. La sangría de euros que saldrá de la capital del Besaya se completará con los 2,53 millones que se aportará en 2022, hasta llegar a los 15,83 que le corresponde poner al Ayuntamiento.

El convenio que se espera firmar en las próximas semanas con el Ministerio de Fomento y el Gobierno regional prevé que Torrelavega aporte este año 280.000 euros, que se consignará mediante una modificación presupuestaria. El informe del interventor subraya que la aportación municipal de las anualidades de 2020 y 2021 «implicarían forzosamente» recurrir a préstamos bancarios, lo que causaría un desequilibrio en las cuentas que debería ser corregido.

Esta es una de las advertencias al convenio de soterramiento a firmar entre Fomento y el Ayuntamiento que ponen los técnicos municipales en materia económica, urbanística y de gestión de los futuros servicios o espacios que se crearán una vez se concluya la obra con la eliminación de las vías en superficie. En este sentido, el interventor deja claro que «en todo caso» la contratación de préstamos para financiar el proyecto en 2020 y 2021 incumpliría la regla del gasto y haría exigible al Ayuntamiento dotarse de un plan económico y financiero que permitiese demostrar la capacidad de gestión, de gasto y de endeudamiento.

Por lo que se refiere a la aportación municipal total (15,83 millones de euros, 19,15 millones, con IVA incluido), el documento señala que implica un esfuerzo financiero importante, que «forzosamente debe realizarse vía endeudamiento, al menos, en los años 2020 y 2021, por importe de unos 5,9 y 6,7 millones de euros por año (12,6 millones de euros en total), sin que el resto de los ejercicios, en razón de su importe, resulte obligado acudir el préstamo para financiar la aportación, dado que no pone en riesgo una asignación de más de 3 millones de euros para seguir con un ritmo «normal» de inversión.

Intervención recuerda que el Ayuntamiento viene destinando su superávit presupuestario al pago de la deuda financiera con «tal nivel de intensidad» que para el año 2017 la deuda local se situará por debajo de los 1,8 millones de euros, sin tener en cuenta el más que posible destino del superávit a su amortización anticipada. Por ello, señala que el nivel legal de endeudamiento del Consistorio puede llegar al 75% de los ingresos corrientes, que se sitúan al cierre de 2016 alrededor de los 49 millones de euros. De este modo, considera la amortización anticipada de la deuda financiera permite al Ayuntamiento acudir al crédito sin penalizar «excesivamente» la inversión futura, y sostiene que la propia ejecución de la obra y la contratación de estos préstamos «no erosiona más de lo habitual la capacidad municipal de ahorro e inversión». En este sentido, el informe del interventor señala que la naturaleza de la inversión se puede entender como un «gasto sostenible». No obstante, insiste en que la regla de gasto sí puede verse incumplida, en cuanto que los excesos de gasto sobre financiación externa (6,7 millones de incremento de gasto) a pesar de financiarse con préstamo, sí incumplirá «con seguridad» el equilibrio financiero, por lo que será exigible un plan económico que permita demostrar la capacidad de gestión, gasto, endeudamiento y estabilidad presupuestaria que «no queda afectada negativamente, puesto que se trata de un mero incumplimiento formal». También apunta que al tratarse de un gasto plurianual exige acuerdo del Pleno municipal que, con independencia de su pronunciamiento sobre el texto del convenio, autorice los créditos plurianuales y señala la financiación con carácter general.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Torrelavega cerró el ejercicio presupuestario de 2017 con un superávit de 5,2 millones de euros y una deuda viva de 388.277 euros, un 0,73 por ciento de los ingresos corrientes. Al cierre del año, el remanente de tesorería se situó en 8,6 millones y los saldos bancarios en 18,6 millones.

A la espera de que se firme el convenio para el soterramiento y tras el cual el Ayuntamiento volverá a endeudarse, el concejal de Economía y Hacienda, Pedro Pérez Noriega, saca pecho y destaca que con estos datos el municipio es uno de los ayuntamientos «más solventes de Cantabria» por su situación económica, hasta el punto de que en este 2018 se podrá liquidar en su totalidad la deuda bancaria. Así, señala que Torrelavega cumple los parámetros de estabilidad, techo de gasto y endeudamiento exigidos por el Gobierno central, lo que a su vez le permite utilizar 280.000 euros del remanente de tesorería para financiar la anualidad de 2018 del convenio para la integración ferroviaria.

Respecto al superávit de 2017, que asciende a 5.206.092 euros, explica que esta cantidad sale en su mayor parte de ahorros en obras aún no ejecutadas y de que aún no se han iniciado otros proyectos como la pasarela peatonal sobre el río Besaya, el centro cívico de Sierrapando, la plaza en la calle Lasaga Larreta o el aparcamiento en altura en La Carmencita. Además, se consignan como superávit los 883.491 euros no invertidos el año en el capítulo de personal y los 2,7 millones correspondientes a gatos corrientes y subvenciones que no se han ejecutado.

Pérez Noriega subraya también las «buena salud» de la economía local en materia de pago a proveedores al lograrse que el periodo medio de abono de las facturas esté por debajo de los 35 días. Asimismo, muestra su satisfacción por la evolución de las insolvencias -impagos con el Ayuntamiento-, que en 2017 se han rebajado en casi un millón hasta situarse en 5.812.000 euros el pasado diciembre, cuarto año consecutivo que se reduce.

En este sentido, aclara que la mayor parte de las insolvencias proceden de pequeñas cantidades de impuestos y tasas municipales impagadas por parte de «varios miles de contribuyentes», además de las deudas que mantiene Sniace y una constructora local con el Consistorio.