Los imputados en la quiebra de la Cooperativa de Monte, al banquillo

Los siete imputados por las presuntas irregularidades que llevaron a la quiebra a la Cooperativa de Monte en marzo del año 2006 se sentarán por fin en el banquillo. Ayer, martes, el Juzgado de Instrucción número 3 de Santander ordenó la apertura de juicio oral para todos ellos y solicita penas de hasta 13 años de cárcel por delitos societarios y de apropiación indebida. En Monte, este auto judicial ha sido acogido con una gran satisfacción pues afectó a unos 2.600 vecinos, en su mayoría trabajadores, que tenían depositados en esta entidad los ahorros de toda su vida. Casi cuatro años después, más o menos, han recuperado todo el dinero y ahora sólo quieren que los causantes de su ruina paguen por ello.

En total, se calcula que el importe de la quiebra ascendía a algo más de 21,5 millones de euros.

La Fiscalía pide para José Ramón Gómez, por entonces gerente de la cooperativa, 13 años de prisión: cinco años y medio por dos supuestos delitos societarios y siete años y medio de cárcel más, ya que también le considera autor de apropiación indebida.

El Ministerio Público también solicita penas de cárcel para el resto de imputados representantes de las empresas Metálicas Ribadeva, Construcciones y Obras Rivadeva, Metálicas Santander y Rivadeva Santander consideradas responsables civiles subsidiarais. En concreto, se piden siete años de prisión en un caso, el de Valentín Falagán, y de seis años y un día en el del resto: Luis Gallegos, Evangelina Barbero, Manuel Alba, y Ricardo y Juan Carlos del Corral.

La acusación particular, ejercida por la propia cooperativa, solicita las mismas penas para los siete acusados.

Cuando todas las partes personadas en el procedimiento, incluidas las defensas, presenten sus respectivos escritos, se señalará la fecha del juicio que se celebrará en la Audiencia de Cantabria, en el edificio judicial de Las Salesas.

En el auto de apertura de juicio, contra el que no cabe recurso, el juez instructor de la causa, Fernando Vegas, exige al ex gerente de la Cooperativa de Monte que deposite una fianza de 41 millones de euros para hacer frente a sus posibles responsabilidades pecuniarias. También solicita fianzas por responsabilidad pecuniaria a Valentín Falagán (16 millones de euros), Luis Gallegos y Evangelina Barbero (1,3 millones) y Ricardo y Juan Carlos del Corral (1 millón). Además, les da un plazo de seis días para aportar esas cantidades, de las que responderán subsidiariamente las empresas que representan.

El juez también establece que existen indicios de que el ex gerente de la cooperativa y los demás imputados se apropiaron de 13,8 millones de euros, que fueron desviados a las empresas que administraban.

Las defensas disponen de un plazo de diez días para mostrar su conformidad o disconformidad con las acusaciones.

Ahorros de toda la vida

La quiebra de la cooperativa de Monte, en marzo de 2006, conmocionó a la sociedad santanderina y casi lleva a la ruina una buena parte del barrio.

Se trataba de una sociedad de origen agrícola que, sin ser una entidad financiera, había abierto una sección de crédito donde los vecinos del lugar depositaban sus ahorros y que también concedía préstamos a empresas y también a particulares.

El día 7 de marzo, la cooperativa cerró sus puertas para ser auditada con el consiguiente malestar y preocupación de sus clientes que no pudieron acceder a sus ahorros. La entidad suspendió pagos, después de que una auditoría desvelara la existencia de una serie de descubiertos que la colocaban en situación de insolvencia. Pronto se descubriría la existencia de una agujero de 15.000.000 euros entre créditos impagados, intereses y letras.

En total se contabilizaron unos 2.600 afectados, 5.000 cartillas y depósitos, 11 millones de euros impagados y 2 millones de letras de dudoso cobro e intereses.

Todas las investigaciones llevaron hacia el gerente de la sociedad, José Ramón Gómez, una persona de confianza para todos los cooperativistas, y que en aquellos días desaparecía de escena.

Se nombró un consejo rector que demandó entonces 10 millones de euros a su principal endeudador, las empresas imputadas y para las que ahora se solicita penas de prisión: Metálicas Ribadeva, Construcciones y Obras Rivadeva, Metálicas Santander y Rivadeva Santander y también cantidades importantes a otras empresas de la región.

Además de las perdidas económicas de los afectados, algunos de los cuales se quedaron sin los ahorros de toda su vida, un viejo y añorado proyecto en Monte como era la construcción de un centro geriátrico y que se estaba tramitando desde el año 2004, quedó también en el apartado de deudas.

Ante este panorama, el barrio, conmocionado con la situación, llegó hasta suspender sus tradicionales fiestas de San Juan y San Miguel.

La situación mejoró gracias a un acuerdo firmado entre el Gobierno de Cantabria y el banco Santander que permitió a los afectados recuperar el 80% del dinero depositado en la entidad.

Anualidades

En octubre de 2008 se les pagó una primera anualidad de 8.315.175 euros y la misma cantidad, en la misma fecha, en 2009.

Tras la intervención del Gobierno a través de CEP-Cantabria y el acuerdo con el banco Santander se pacto una quita del 20%, algo más de 4,3 millones de euros, lo que posibilitó a los acreedores recuperar el 80% del dinero.

Este acuerdo se consideró un hecho insólito en España, puesto que en los procedimientos concursales los afectados no recuperan prácticamente nada de lo que han perdido.

Según este acuerdo, el banco Santander absorbía la sección de crédito de la cooperativa de Monte con el Gobierno de Cantabria como avalista.