«La entrada en vigor de la ley, en verano, no hará subir la tasa de IVE»

El director general de Salud Pública del Gobierno cántabro, Santiago Rodríguez, cree que la entrada en vigor de la nueva ley el próximo mes de julio «no hará subir» la tasa de interrupciones voluntarias de embarazo en Cantabria. «Si acaso, se producirá un ajuste de cifras debido a que estará todo mejor controlado. Pero el número será el que tenga que ser, y no se espera un aumento reseñable».

En general, y en particular en Cantabria. Porque estima Rodríguez que esta comunidad autónoma lleva «muchos años haciendo bien» los deberes en cuanto a educación sexual. «Desde numerosos ámbitos las políticas han sido avanzadas y adecuadas». Se refiere al trabajo desarrollado desde el Centro de Orientación Familiar 'La Cagiga', que lleva un cuarto de siglo informando y formando sobre métodos anticonceptivos, o a la Consejería de Educación, con la que se han promovido iniciativas varias. O a la red de Atención Primaria sanitaria, en la que se asumieron actuaciones de planificación familiar en los años 80.

La principal preocupación de la Administración es poner medios al alcance de las mujeres para que la IVE sea el final de un proceso, «nunca el principio. Es primordial que no haya embarazos no deseados». De ahí la estrecha colaboración con la Dirección General de Juventud y acciones como la Consulta Joven establecida en un buen número de institutos de la región, que se reforzará. Lo mismo que el papel de 'La Cagiga'.

El factor extranjero

Rodríguez indica, por otro lado, que la baja tasa de abortos que se practican en la región se debe, en parte, a que también es baja la tasa de inmigrantes. Las estadísticas demuestran que las parejas de otros países tienen «otra cultura respecto al aborto». Se observa cuando se mira hacia las extranjeras que viven en Cantabria que deciden interrumpir su gestación: entonces la tasa se dispara hasta 16 por cada 1.000 mujeres, mientras que la de las cántabras se mantiene en una tasa de 4 por 1.000. En esta región, el 27% del total de las intervenciones corresponden a mujeres de fuera, mientras que en España la cifra sube hasta el 43%.