«Nadie se atreve a invertir en Castro»

«¿Quién va a invertir en Castro Urdiales? Nadie. No es que no se quiera invertir en Castro, es que nadie se atreve. Todo es una cadena: los empresarios no se arriesgan porque el Ayuntamiento está totalmente paralizado. Los servicios técnicos, los concejales, el alcalde... todos están atados de pies y manos, trabajan con miedo a que, de repente, alguien y sin motivo, diga que su trabajo está mal hecho y que se les acuse de algún supuesto delito». Así de claro se muestra el gerente de Inmobilaria Izarra, Jon Loroño, sobre la situación que a su juicio vive Castro Urdiales debido a la investigación judicial que está a punto de cumplir dos años.

Loroño es uno de los promotores de Castro que mejor conocer el sector de la construcción. Sus edificaciones (los denominados 'Paraísos') son muy conocidos tanto en el municipio como en el resto de la región. Además, es uno de los constructores que está inmerso en la investigación judicial que el magistrado Luis Acayro Sánchez lleva a cabo en la Unidad de Ejecución 1.34, en el entorno de Santa Catalina, y en la que hay 32 imputados.

En su opinión, la paralización del Ayuntamiento «está provocando que no se concedan licencias de construcción, que no se emitan informes y que lo que es totalmente legal se encuentre paralizado en montones de expedientes sin resolver». Pero el gerente de Inmobiliaria Izarra no se queda ahí. Asegura que «proyectos que han cumplido con todos los formalismos legales, de pronto, son informados desfavorablemente por la técnico de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, persiguiendo, no se sabe que; a esto se le llama prevaricar».

Jon Loroño cree que la situación es grave. «Hay 4.000 parados en el municipio, gente con hipotecas, familias que mantener, jóvenes que buscan su primer empleo, y para ninguno de ellos hay esperanza de poder encontrarlo».

Este promotor castreño explica como Inmobiliaria Izarra tenía 300 empleados hace tres años y hoy en día no llegan a 12. «Nos hemos visto obligados a despedir a personas que llevaban trabajando muchos años, y todo ello por falta de trabajo, porque no nos conceden los permisos para continuar trabajando, no dejándonos otra alternativa que la de abandonar Castro para buscar otros municipios donde invertir», lamenta.

La acusación de la Fiscalía

A pesar de que Jon Loroño está imputado por presunto delito contra la ordenación del territorio, en su escrito de acusación el Ministerio Fiscal solicitó el sobreseimiento de todas las actuaciones en contra de su promotora y de las otras tres que han construido en la Unidad de Ejecución 1. 34 del entorno de Santa Catalina.

El Ministerio Fiscal considera que no ha quedado acreditado que se construyera sobre dominio público hidráulico ni que las empresas conocieran la «injusticia» de las resoluciones urbanísticas, sus vicios y su carácter ilegal», con lo cual, piensa que no se ha probado que vendieran las viviendas utilizando el «engaño». El caso está pendiente de juicio.