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ABEL VERANO
Sábado, 10 de abril 2010, 02:58
Al magistrado Acayro le llueven las críticas. Si el pasado martes el alcalde de Castro, Fernando Muguruza, se refería al instructor como el «mozalbete de Cotolino» y decía que era una «amenaza para la democracia», ahora es el gerente de Inmobiliaria Izarra, Jon Loroño, imputado dentro de la investigación en el entorno de Santa Catalina, el que arremete contra el juez. «Este juez está prevaricando continuamente y mi deseo sería que le expulsaran de la Judicatura, porque lo que no se puede hacer es llevar dos años con una investigación judicial sin resolver absolutamente nada, jugando con la trayectoria profesional de una persona y tirando por tierra la fama del buen hacer que tanto esfuerzo ha costado conseguir». Así de rotundo se muestra en un escrito remitido ayer a este periódico en el que recuerda que en septiembre del pasado 2009 solicitó al juez Acayro, mediante un escrito, permiso para proceder a la venta de las viviendas y «a día de hoy no ha sido contestado». Loroño asegura que su promotora es titular de tan sólo un 6% de la unidad de ejecución 1.34 que investiga el juez, con lo que toda la tramitación para el desarrollo urbanístico de la misma fue llevada a cabo por los propietarios mayoritarios de las fincas. «Por estar llevando a cabo esta construcción he sido acusado por Acayro de un delito contra la ordenación del territorio por construir, supuestamente sobre un arroyo, arroyo que parece que sólo el juez ve. Se han presentado una serie de pruebas que acreditan que no existe arroyo». Loroño afirma que se le ha acusado también de estafa «por vender las viviendas que estoy promoviendo, cuando la realidad es que no he vendido absolutamente ninguna. Se me acusa de no haber cedido 3.000 metros cuadrados para equipamientos, lo que es totalmente falso y para demostrarlo se han aportado las escrituras de cesión».
«Persecución»
El gerente de Inmobiliaria Izarra dice que está siendo víctima de una persecución del juez Acayro que no alcanza a entender. Como ejemplo, señala que en una visita al Juzgado, la Guardia Civil, a instancias del juez, solicitó a su chofer la documentación, «a sabiendas de quién se trataba». «Es una situación insoportable la que estoy sufriendo por culpa de este juez, en boca de todo el mundo a través de la prensa, sin haber cometido ningún delito».
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