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A. V.
Miércoles, 14 de abril 2010, 10:43
El alcalde pedáneo de Mioño, Víctor Echevarría, ha decidido poner fin a su carrera política en el Ayuntamiento de Castro Urdiales. Ayer se hizo público que el Ministerio Fiscal ha solicitado para él una pena de un año y medio de prisión, así como inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, por un delito societario. Echevarría ha presentado al Grupo Municipal Socialista su renuncia al cargo de concejal en el Consistorio castreño y ha pedido la baja temporal del partido. Por el momento, tiene intención de continuar al frente de la Junta Vecinal de Mioño.
La decisión todavía no se ha hecho pública. El secretario general de los socialistas castreños, Daniel Rivas, se puso en contacto con este periódico para asegurar que hasta que no se notifique a las partes el escrito de acusación de la Fiscalía, «no realizaremos ningún tipo de valoraciones sobre el mismo, ni se tomará ninguna decisión».
El escrito de acusación del fiscal ya ha sido remitido al magistrado Acayro, encargado de instruir el caso de la Fundación Escuela en Mioño, en el que está inmerso el alcalde pedáneo. El asunto se remonta al año 2007, cuando una vecina de Castro Urdiales y descendiente de Mioño, María Jesús Garrofé Sánchez, presentó una querella criminal contra Echevarría por un presunto delito societario por disposición fraudulenta de los bienes de una sociedad.
Según la denunciante, la querella estaba motivada por la decisión tomada por los patronos de la Fundación Escuela en Mioño - fundada en 1852 y entre los que se encuentra el pedáneo- de realizar una cesión total de los bienes de la fundación a la Junta Vecinal de Mioño, así como llevar a cabo su disolución.
Entre estos bienes se encuentran tres fincas -dos urbanas destinadas a Casa de Cultura y consultorio médico, y una rústica- con una superficie total de 1.265 metros cuadrados. Posteriormente, estos bienes fueron integrados en el inventario de la Junta Vecinal (27 de marzo de 2003) y tras la certificación emitida por el Ayuntamiento de Castro Urdiales de que dicho inventario era correcto, el pedáneo los inscribió en el Registro a nombre de la Junta Vecinal (27 octubre de 2004).
En un auto, el juez Acayro señaló que Víctor Echevarría hizo caso omiso a cuantos requerimientos le efectuaron la querellante y el Protectorado de Fundaciones de Cantabria. El pedáneo lo negó todo y dijo que esas acusaciones tenían un claro «tinte electoralista» y carecían de «cualquier fundamento». Echevarría aseguró que los patronos de la Fundación acordaron, por unanimidad, ceder totalmente sus bienes a la Junta Vecinal de Mioño «para que no pasaran en un futuro a manos privadas».
Decisión
Al margen de que el PSOE acepte o no la renuncia al acta del concejal de Echevarría y su solicitud de baja temporal en el partido, el secretario general castreño, Daniel Rivas, quiso dejar claro ayer que en este procedimiento judicial, Echevarría ofreció al partido su renuncia si la creía necesaria «desde el principio de todo». Todo parece indicar que Víctor Echevarría tiene los días contados como edil socialista.
El PSOE ya ha dejado claro en varias ocasiones que la imputación del pedáneo de Mioño nunca sería un problema. Durante las negociaciones que mantuvieron PP y PSOE -con Muguruza en la cárcel- para llegar a un acuerdo y presentar una moción de censura, los socialistas dejaron claro que si el único problema para firmar ese acuerdo era que uno de los siete ediles del PSOE estuviese imputado «por un asunto que no tiene que ver con la investigación judicial en el Ayuntamiento», eso no sería impedimento. El PSOE estaba dispuesto a «sacrificar» a Echevarría si fuese necesario «porque es necesario devolver la normalidad política e institucional al Ayuntamiento recuperando la confianza y tranquilidad perdida por los ciudadanos».
Moción de censura
El pedáneo de Mioño, que lleva como concejal en el Consistorio desde 2003, fue uno de los dos ediles que dio marcha atrás en 2005 cuando el PSOE promovió una moción de censura contra el por entonces alcalde del PRC, Fernando Muguruza. Los ocho ediles socialistas que intentaron desalojar a Muguruza fueron expulsados temporalmente del partido. A él se le readmitió.
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