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TEODORO SAN JOSÉ
Jueves, 13 de mayo 2010, 10:06
«El jurado considera por unanimidad al acusado culpable del incendio». Así se pronunció ayer el tribunal popular del juicio que se ha seguido en la Audiencia Provincial contra Ángel C. S., al que se le imputaba haber provocado el fuego que el 16 de marzo de 2005 acabó consumiendo en el término municipal de Cieza 31 hectáreas de monte. Parte de esa masa forestal era de utilidad pública y parte de propiedad privada, y estaba incluida en la Reserva del Saja. Ahora falta por conocer la sentencia de la Audiencia hacia el acusado, para quien se pide una pena de ocho meses de cárcel, el pago de una multa de 4.500 euros y a una indemnización (13.846 euros la Fiscalía y 12.766 la acusación particular).
El juicio, con jurado popular, se ha seguido desde el lunes en la sección primera de la Audiencia, donde ayer por la mañana se reunió el citado tribunal para deliberar y dar su sentencia. Según se leyó en el veredicto, el jurado considera a Ángel C. S. culpable del incendio forestal pues considera probado, por unanimidad, que el acusado se encontraba en el monte en el momento en que sucedió el fuego e igualmente probado que provocó el incendio.
A lo largo del juicio, el testimonio de dos testigos contradijo el efectuado por el acusado, quien señaló que se había limitado a efectuar una quema controlada en un finca particular, «que estuvo vigilante del fuego y que se marchó una vez que comprobó que el fuego desapareció». Por contra, dos agentes del medio natural aseguraron que reconocieron «al cien por cien» a Ángel C. S. prendiendo varios focos de fuego, aunque en este punto, el jurado cuestiona el número de focos ante las contradicciones de los agentes forestales y un perito: los primeros hablaron de una veintena de focos y el perito, jefe de la Sección Forestal Segunda Besaya/Cabuérniga, dijo que diez.
En la lectura del veredicto, el jurado no considera probado que existiera un aviso de riesgo o alerta por peligro de incendio forestal, debido a las discrepancias en lo señalado por dos de los peritos intervinientes en la causa. El jurado, por otro lado, matiza que «el fuego se extinguió de forma natural, sin necesidad de utilizar medios materiales ni personales», y rechaza que provocara daños económicos a cuenta de la regeneración y limpieza tanto al Gobierno de Cantabria como a la Fundación Asilo San José, propietaria de terrenos y que reclamaba 1.080 euros. Según entiende el jurado, no se generó coste alguno porque no se pusieron en marcha medidas de regeneración del monte y se dejó actuar a la naturaleza. Y respecto a la Fundación, explica el jurado en su fallo que no ha acreditado su propiedad ni ha presentado facturas que prueben que limpió y regeneró la zona.
En otro de los puntos del veredicto, el jurado entiende por unanimidad que la tramitación de este procedimiento para un siniestro que se produjo en marzo de 2005 «ha tenido una duración excesiva e injustificada teniendo en cuenta la escasa complejidad del asunto». Por último, el jurado rechaza que se proponga el indulto, total o parcial, de la pena que se le imponga al Gobierno de la Nación. Tras la lectura del veredicto, el magistrado disolvió al jurado.
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