El juez desestima la denuncia por las obras de la carretera de Barros a Puente Viesgo

El director general de Carreteras del Gobierno de Cantabria, Manuel del Jesus, no cometió delito alguno en su intervención en la definición del trazado de las nueva carretera entre Barros y Puente Viesgo y en la modificación posterior del mismo. Así lo entiende la magistrada Mercedes Compostizo Olarte, titular del Juzgado de Instrucción Número 5, que ha acordado el sobreseimiento de la causa.

A juicio de la juez y en coincidencia con el criterio de la Fiscalía, en las obras de ese vial no se cometió delito de prevaricación ni tampoco hubo infracción contra los recursos naturales y el medio ambiente, tal como aseguraba en la denuncia formulada en su día el colectivo Ecologistas en Acción.

La magistrada explica que un informe del Seprona echa por tierra que el trazado del carretera haya ocasionado un perjuicio grave al área natural de la zona. En concreto, en los razonamientos jurídicos del archivo de la causa se indica que en el citado informe «elaborado por el Servicio de Atención a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) se pone de manifiesto que las obras de construcción de la citada carretera, la CA-170, no perjudican gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, por lo que los hechos no pueden considerarse constitutivos de un ilícito penal» contra el medio ambiente.

En el caso de la acusación de supuesta prevaricación por la que se imputó en diciembre de 2009 al director general de Carreteras, Manuel del Jesus, la juez hace suyos los argumentos del ministerio fiscal y concluye que la modificación del trazado de la carretera, decidida por la Consejería de Obras Públicas y aunque no existía informe previo medio ambiental, no fue consecuencia de una actuación punible. Para la magistrada, «nos encontramos ante un problema de interpretación de una atribución de competencias» (entre las consejerías de Obras Públicas y la de Medio Ambiente), y nunca ante un posible delito.

Ese cruce de criterios entre dos departamentos de la misma Administración regional «derivó en varios informes jurídicos de las dos consejerías implicadas», con la intervención final de la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria, que dio una solución administrativa al conflicto que consistió en la necesidad de una nueva evaluación ambiental, que motivó la suspensión de las obras que se estaban ejecutando.

En base a esos fundamentos jurídicos, la titular del Juzgado Número 5 acuerda «el sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones», sin estimar necesaria la práctica de diversas pruebas testificales que propuso la asociación ecologista denunciante.

Los hechos que en su día motivaron la denuncia, ahora archivada, se refieren a las obras de mejora del vial que une las localidades de Barros y Puente Viesgo. Una actuación de la Consejería de Obras Públicas con una inversión cercana a los 36 millones de euros, que fue paralizada a petición de la Dirección General de Medio Ambiente que exigió un nuevo informe ambiental.

El proyecto fue presentado en 2004. La denuncia presentada en su día afecta a cuatro de los once kilómetros de los que consta el vial y fue propiciada por la modificación del proyecto inicial. Una variación que fue motivada por un cambio de criterio de la Confederación Hidrográfica del Norte que le fue notificada a la consejería actuante cuando la obra ya se estaba ejecutando.

La solicitud de dicho organismo provocó un cambio en el trazado, interpretándose desde Obras Públicas que esa modificación no requería un nuevo informe de impacto ambiental, criterio que fue el que motivo la confrontación administrativa entre dos departamentos del Gobierno regional.

Para acometer las obras -en las que destaca un espectacular puente sobre el río Besaya- fue necesaria la expropiación parcial de 571 fincas.

En la declaración de Del Jesus prestó en su día ante el Juzgado señaló que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico tenía un proyecto original que suponía encauzar el río Besaya en el tramo afectado por el trazado de la carretera. Un posterior cambio de criterio del mismo organismo encaminado a respetar el cauce natural del río, obligó a una modificación del recorrido original del vial, a desplazar el mismo hacia el monte Dobra y a realizar un desmonte en esa zona. La Confederación dio el visto bueno al cambio de trazado y nunca exigió un estudio de impacto medioambiental.

La obra de mejora del vial entre Barros y Puente Viesgo, está prácticamente terminada.