Paralizados los cinco convenios urbanísticos de la pasada legislatura

Durante la pasada legislatura se firmaron cinco convenios urbanísticos entre el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna y propietarios de fincas particulares. En principio esos acuerdos deberían haber supuesto para los corraliegos una bolera cubierta, una gran zona de aparcamiento, locales para un nuevo mercado de abastos y la sede definitiva de la Jefatura de la Policía Local, una gran plaza pública y una finca donde establecer el campamento de la fiesta Guerras Cántabras. Además, dos de esos convenios afectaban a fincas en pleno casco urbano de Los Corrales de Buelna. Ninguno prosperó y las consecuencias no han sido precisamente buenas ni a título público, perdiendo todos esos proyectos, ni a título privado, ya que algunos vecinos ven peligrar sus inversiones en nuevas viviendas.

Finca Santa María

El primero de esos convenios urbanísticos, el de la finca Santa María, junto al barrio Authi, se resolvió ayer definitivamente, con la aprobación final de un proyecto que permitirá que la familia propietaria levante cerca de 240 viviendas en la misma finca donde en su día se proyectó una bolera cubierta y un gran aparcamiento. El retraso en la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana y la ausencia del Plan de Encauzamiento del Río Muriago planteaban un escenario contrario a los planes del anterior gobierno municipal. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Norte no había concedido licencia preceptiva para la construcción de la bolera cubierta. Hasta tal punto que esta legislatura la familia dio marcha atrás, y resolvió el acuerdo con el Ayuntamiento, retomando su idea de construir en la finca.

A pesar de ello, el último capítulo de las conversaciones con la actual Corporación permite pensar en la posibilidad de contar, en esa misma finca, con alguna infraestructura pública aún sin determinar. La alcaldesa, Mercedes Toribio, insistía en su última comparecencia ante la Corporación que no descartaba un mejor aprovechamiento de la finca.

Los mismos condicionamientos paralizaron otro convenio en pleno casco urbano, el de la finca de La Lo, junto a la Avenida Cantabria. Se proyectaba una gran urbanización de acuerdo al futuro PGOU y no al vigente. Y tampoco se contaba con la autorización de la Confederación Hidrográfica, a pesar de que, como en el caso anterior, el río Muriago atraviesa el terreno. En ese convenio los beneficios para el Ayuntamiento son un local donde albergar una nueva plaza de abastos, la sede de la Policía Local y una gran plaza pública de 2.000 metros cuadrados.

Tras el acuerdo, una constructora asturiana comenzó las obras. Se vació la finca para un gran aparcamiento subterráneo de dos plantas, una para los propietarios de viviendas y otra para uso público, y se inició uno de los tres edificios planeados. Otra ventaja de aquel convenio que nunca se pudo cerrar es que una buena parte de las viviendas era de protección oficial.

Hubo que parar, porque, además de esa falta de licencia de la Confederación Hidrográfica, el proyecto no se ajustaba al PGOU vigente y el nuevo no terminaba de aprobarse. La crisis del ladrillo hizo el resto. La obra lleva paralizada más de un año, con promesas a los compradores de pisos que mantienen el contrato de que se retomarían en octubre del año pasado y marzo de este año. No ha sido así, para preocupación de esos nuevos propietarios.

De todas formas, la constructora se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento para asegurar que intentará rematar el primer edificio, el único que se puede ajustar, con ligeros cambios, al vigente PGOU, y así optar a la licencia de primera ocupación. El resto, los otros dos edificios proyectados, esperará a la aprobación del futuro PGOU y mejores tiempos para la construcción.

Con la que está cayendo, nadie piensa ya en la cesión de locales que incluía un convenio que no se cumple por ninguna parte. Incluso esas próximas fases de construcción tendrán que ajustarse a la nueva realidad, ya que planteaban alturas que superan la actual normativa.

La Chopera

Por cumplirse, ni siquiera se ha cumplido el convenio de La Chopera, que, como beneficio en este caso, pretendía ofrecer una finca pública para el desarrollo de la fiesta de las Guerras Cántabras, permitiendo contar con un campamento estable. A cambio, como en los otros convenios, se ofrecía una mayor edificabilidad para los propietarios. El muro sigue siendo en este caso de agua, el río Muriago, que también cruza la finca y que se ha convertido en el látigo de tantos convenios frustrados.