El ex secretario municipal exime a Pacheco y asume la responsabilidad de las licencias

El ex secretario del Ayuntamiento de Piélagos asumió ayer toda responsabilidad en la concesión de 16 licencias en el municipio que, según el Ministerio Fiscal y la acusación particular, vulneran la normativa urbanística. El jurídico, que hace dos años que dejó la Administración municipal, exonera así al alcalde, Jesús Ángel Pacheco, de las imputaciones que le han llevado al banquillo de los acusados.

Pacheco, miembro de la Ejecutiva del PP, se enfrenta a una petición de dos años prisión y diez de inhabilitación como supuesto autor un delito de prevaricación urbanística y otro contra la ordenación del territorio por conceder 16 licencias para construir 300 viviendas en distintas localidades del municipio en contra de los informes emitidos por el arquitecto municipal y un técnico jurídico del Ayuntamiento. Una condena apartaría al alcalde del Consistorio, en el que lleva 21 años, siendo uno de los ediles más históricos de la región.

Pero Pacheco encontró ayer en el ex secretario municipal, José María Menéndez, a su mejor valedor, al asumir éste toda responsabilidad sobre las licencias cuestionadas. «Para ser alcalde en este país no hay que ser licenciado en Derecho ni experto en Urbanismo. Yo le informé al alcalde que, a mi juicio, la concesión de las licencias se ajustaba a la legalidad y se fió de mí», declaró el jurídico en descargo del imputado, en la vista celebrada contra el alcalde en el Juzgado de lo Penal número 3.

Sin embargo, y este es uno de los argumentos de las acusaciones, en los 16 expedientes objeto de enjuiciamiento no aparece un solo informe del secretario municipal, ni a favor ni en contra. Y sí los hay de otros dos técnicos, el arquitecto y un jurídico, subordinado de Menéndez, que ponen reparos a las autorizaciones y advierten del riesgo de nuevas sentencias de derribo si se impugnan judicialmente. Finalmente, ninguna de las 16 licencias fue recurrida ante los tribunales y son actos firmes.

El secretario no supo explicar a las acusaciones por qué no existían esos informes favorables en los expedientes, pero aseguró que informó verbalmente a Pacheco de la legalidad de las mismas. «Las licencias se ajustan a la legalidad y no formularía ninguna objeción», enfatizó.

La postura del ex jurídico sintonizó plenamente con la expresada previamente por el alcalde imputado. Dijo que «la mayoría de las veces no leía lo que firmaba porque me fiaba de los técnicos» y que no sabe lo que recogen «las leyes regionales, nacionales o europeas porque para eso están los técnicos». Ni siquiera conoce «exactamente» el planeamiento urbanístico de su municipio. «El Ayuntamiento tiene técnicos y jurídicos que interpretan las normas. Yo no soy licenciado en Derecho, ni ingeniero, ni arquitecto, y me baso en sus informes», aseveró en su defensa.

Pero, además, hizo hincapié en la disparidad de criterio en materia de urbanismo entre los propios técnicos. Así, el arquitecto municipal y el técnico jurídico sostenían que no se pueden dar licencias en suelo urbano si la parcela no dispone de los servicios urbanísticos necesarios (alumbrado, saneamiento, pavimentación). Y había advertido a la Alcaldía del riesgo de anulación de dichas licencias, con la consiguiente demolición de edificaciones, tras varias sentencias, una de ellas del Tribunal Supremo sobre la urbanización en Cerrías, en este sentido. Sin embargo, el entonces secretario municipal y el asesor jurídico del Ayuntamiento, que defendió en su día a Pacheco en este procedimiento penal, sostenían la tesis contraria. ¿Si los técnicos no se podían de acuerdo en estas cuestiones, qué responsabilidad se le puede pedir al alcalde, que era lego en la materia?, vino a decir el edil. Y no sólo eso. Explicó que no veía los expedientes que contenían esos informes contrarios porque a él le llegaba únicamente el informe del secretario. «Si era favorable, daba la licencia; si era desfavorable, no». Después cargó las tintas contra el arquitecto. Tanto Pacheco, como el ex secretario, como el asesor jurídico Ramón Díaz Murías, explicaron que el arquitecto, tras ser despojado de sus competencias en el planeamiento urbanístico, cambió radicalmente el sentido de sus informes.

La versión del técnico, sin embargo, es bien distinta. Según Fernando Fernández Herrero, a partir de 2001, sufrió «una acoso permanente» porque dijo que había que suspender el Plan General e iniciar la redacción de uno nuevo ante la inseguridad jurídica existente. Herrero sufrió dos expedientes, uno de ellos de cinco años de suspensión de empleo y sueldo, y fue apartado del servicio por realizar informes que no gustaban al alcalde. Ahora dice que sufre la misma persecución. Que la relación entre ambos no es buena es evidente. El arquitecto ha presentado una querella contra Pacheco por prevaricación, que está en trámite.