La costa amenaza quiebra

Jaime Piris lleva tres décadas al frente de la empresa Yates y Cosas. Desde 1971, esta sociedad familiar, situada en el Polígono de Raos, no ha dejado de crecer y allí trabajan ahora 18 empleados vendiendo y almacenando barcos. En los últimos días, reconoce su propietario, han empezado a aparecer goteras en la nave que obligan a reparar el tejado. Pero no tiene pensado gastarse ni un euro en hacerlo. No por culpa de la crisis que maniata los ingresos de casi todas las pequeñas empresas de la región, sino por una línea dibujada en un mapa. Una frontera que se esbozó en 1988 y que ahora levantará un muro invisible entre lo que es dominio público marítimo-terrestre y propiedad privada. Será en 2018 cuando caduquen todos los derechos de propiedad concesionales de los terrenos ubicados en el litoral afectados por la Ley de Costas. Una norma que se aplica con carácter retroactivo y que fijó esa fecha tope para cualquier concesión, independientemente de si eran a perpetuidad, a cien años o a sesenta.

En el caso de la empresa de Piris, la concesión estaba firmada hasta 2065, al igual que el resto de los 150 negocios, con cerca de 3.000 asalariados, del polígono de Raos, que ahora sobreviven conociendo su año de defunción. Pero hay muchas más firmas involucradas. Esta ley afectará a 300 explotaciones ganaderas, 300 industrias y 6.000 puestos de trabajo en toda la región. Sin contar las viviendas de particulares a las que esa línea trazada en un mapa mermará su valor.

Esta misma semana se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la tramitación del deslinde en Camargo y El Astillero. El Arco de la Bahía es, por tanto, el último capítulo de unos trabajos que se pusieron en marcha en 1989 y que, año tras año, han ido sumando kilómetros al dominio público hasta completar los 607 de litoral y rías de la región. El propósito con el que nació la ley fue custodiar la costa de los desmanes urbanísticos pero, en Cantabria, esa franja de protección se llevará por delante cientos de negocios y puestos de trabajo, según denuncia la asociación de afectados creada en 2009.

Metros protegidos

La legislación establece como zona de dominio público marítimo terrestre la ribera del mar y las rías, así como el espacio comprendido entre la línea de bajamar y el límite donde alcanzan las olas en los mayores temporales. Además, establece una segunda protección, denominada de servidumbre, cuya anchura genérica es de cien metros, aunque se reduce a veinte en terrenos clasificados como suelo urbano en 1988.

«El fin de la ley es bueno, pero el Gobierno se está equivocando en su aplicación. Hay una contradicción entre lo que dice la norma y el reglamento en el capítulo de las concesiones de suelos». Quien habla es Francisco Meng, propietario de la empresa Ascensores Amuesa y presidente de la Asociación de Raos. Él da empleo a 32 personas y no entiende cómo, «con la que está cayendo», se desproteje a los negocios que están aportando dinero y empleo a la región. Y es que el caso del Polígono de Raos es el más peculiar de los afectados por esta ley, ya que las naves empresariales no caen a la zona de dominio público ni en los metros de protección que les corresponde como suelo industrial. Su penitencia es la figura legal que define el terreno en el que trabajan.

El Estado otorgó en 1966 unas concesiones para el Polígono de 99 años. Es decir, los empresarios pagaron a precio de mercado el suelo para quedárselo en propiedad durante un siglo. En 2065, se lo devolverían al Estado. Sin embargo, el reglamento de la Ley de Costas redujo esa concesión a sólo treinta años a contar desde 1988. Será entonces, en 2018, cuando el suelo sobre el que están construidas las naves de Raos dejará de ser propiedad de los trabajadores.

Los empresarios desconocen que planes tiene el Ministerio de Fomento para ese año. Las alternativas van desde derribar las naves y utilizar ese terreno para actividades portuarias, hasta cobrar un alquiler por el uso de las naves, algo por lo que los actuales empresarios no están dispuestos a pasar.

A esto hay que añadir que en 2004, el Puerto de Santander, acogiéndose a la Ley de Autofinanciación, comenzó a cobrar una tasa por el terreno que utilizan los empresarios de Raos -seis euros por cada mil metros cuadrados al año-. «Es decir, estamos pagando un alquiler por un terreno que hemos comprado», se queja Meng.

Enrique Arriola, propietario de Metaltec Norte, situada en Raos, desconoce qué pasará dentro de ocho años con su empresa y las siete personas que trabajan en ella. «La situación es límite. Es un milagro que me mantenga con la crisis que tenemos encima, pero en lugar de pensar en mejorar y contratar gente, me planteo lo contrario debido a la Ley de Costas», explica.

Al margen de la amenaza del 2018, Meng señala que «el mal ya está hecho» porque empresarios, propietarios y ganaderos han visto frenadas en seco las posibilidades de financiación para sus negocios, ya que las entidades financieras no admiten sus propiedades como garantía. «Ya estamos expoliados», dice. Arriola piensa igual: «Nuestra única financiación es el inmueble, y cada año que pasa vale menos. Los bancos acaban la conversación en cuanto mencionas que estás en Raos».

No sólo las empresas de este polígono tienen señalado en rojo el año 2018 en sus calendarios. Otras situadas también en el Arco de la Bahía, como Ferroatlántica y Equipos Nucleares, están en una situación similar. Según pudo saber este periódico, los directivos de ambas empresas ya estudian los planos del deslinde para saber cómo les va a afectar. El presidente de la asociación de afectados por la Ley de Costas, José Luis Thomas, sí desveló que «están realmente preocupados. No podemos olvidar que gran parte de esas industrias están levantadas sobre terreno concesional».

La incertidumbre por la puesta en práctica de esta legislación recorre toda la costa de Cantabria, desde Ontón hasta Unquera. A los miles de campings, hoteles, explotaciones ganaderas y empresas, se unen las viviendas.

En el caso de los afectados con terrenos privados, los que tengan título de propiedad lo mantendrán y pondrán venderlo, pero nunca cambiar su uso, ya sea urbano o industrial. Y tampoco construir, ya que han de conservarse tal cual están ahora porque son de dominio público.

En Laredo, por ejemplo, el nuevo deslinde del dominio público marítimo terrestre afecta a un tramo de costa de casi tres kilómetros, entre el Puntal y El Regatón. Supone la delimitación de una nueva servidumbre de protección para una gran zona que se extiende por la margen derecha de la Avenida de los Derechos Humanos. Especialmente afectados se verá una colonia de más de cuarenta chalés y algunos edificios. A efectos prácticos, si los propietarios de las casas tienen que realizar algún tipo de obra, ya no bastará con pedir permiso municipal, sino que tendrán que solicitarlo ante Costas y los plazos se pueden llegar a extender durante años.

En Marina de Cudeyo los deslindes abarcan toda la superficie de suelo comprendida entre Pontejos, Elechas, Pedreña y Rubayo. En este último pueblo afecta a la marisma del Conde, de varios cientos de hectáreas, que prácticamente está perdida para cultivos y pradería. Hay otras marismas afectadas en Pontejos, Gajano y Orejo, que en su día fueron terreno ganado al mar y son muy utilizadas por los ganaderos. En algunos casos hay viviendas afectadas, como en Pontejos, entre el embarcadero y Pedrosa.

En Castro Urdiales el panorama no es mejor. La Ley de Costas amenaza allí al polideportivo municipal Peru Zaballa, al Hotel Miramar y a la urbanización Paraíso II, cuyos 140 propietarios son protagonistas de una situación esperpéntica. La línea trazada de la zona de protección afecta al edificio en forma longitudinal, de manera que la mitad de las viviendas de los vecinos está afectada y la otra no. Incluso, en un mismo piso hay zonas protegidas y otras no. ¿Qué significa esto? Thomas pone un claro ejemplo: «En la zona afectada, si se rompe un cristal, quieren reformar la fachada o hacer una reparación, no podrán sin el consentimiento de Costas».

La solución pasa, según los afectados, por intentar anular la retroactividad de la ley en el capítulo de concesiones, una medida «inconstitucional que atenta contra el derecho de las personas», según los afectados de Raos.