El Colegio de Arquitectos intentará evitar el derribo del Hotel Miramar

El Hotel Miramar de Castro Urdiales, bajo el que recae una sentencia de derribo por estar ubicado en dominio público marítimo-terrestre, podría salvarse de la piqueta 'in extremis'. Los portavoces de los grupos municipales en el Ayuntamiento castreño acordaron ayer, tras una reunión, encargar un informe al Colegio de Arquitectos de Cantabria para que justifique el valor arquitectónico de la instalación. En ese documento se deberán plasmar los posibles usos compatibles con la Ley de Costas, con el objetivo de que se pueda «convencer» a la Demarcación de la importancia del inmueble.

Una vez que esté redactado ese informe, todos los grupos políticos llevarán a pleno una moción en la que se pedirá a la Demarcación de Costas que cambie de postura y no ejecute el derribo del hotel.

A partir de ahí, entraría en juego la propuesta que el arquitecto castreño, José Orruela, planteó durante la ultima bienal de arquitectura celebrada en la ciudad. Lo que plantea es que el Ayuntamiento o cualquier institución pública, como el Gobierno de Cantabria, adquiera el inmueble y lo convierta en una instalación pública, con interés patrimonial. Su propuesta pasaría por rehabilitar el hotel y convertirlo en un centro de interpretación del mar, dada la historia de este edificio que fue construido en los años de la posguerra por el Ayuntamiento que lo habilitó como balneario.

Proyecto de derribo

El gerente del Hotel Miramar, Álvaro Alonso, anunció en el mes de marzo a este periódico que la Demarcación de Costas estaba redactando el proyecto de derribo del edificio. Lo que se desconoce por ahora es cuando estará acabado ese proyecto y, sobre todo, si finalmente se ejecutará. El propio Alonso señaló que para finales de verano estaría listo, pero a día de hoy no ha vuelto a saber nada. Es más, cree que los problemas económicos por lo que pasa el país pueden retrasar ese derribo.

De llevarse a cabo el proyecto que se plantea, también beneficiaría al actual propietario del inmueble, ya que al adquirirlo una institución pública, ésta tendría que indemnizarle. Y es que después de conocer que el Tribunal Supremo confirmaba el derribo de su hotel, Alonso empezó a asumir que no había nada que hacer. Sólo le quedaba el consuelo de sacar una indemnización. Por eso realizó una tasación del inmueble y sus puestos de trabajo, ocho en total. No obstante, reconoce que «nos darán muy poco, si nos lo dan».