El Gobierno pide pruebas sobre el amaño de partidos

El Gobierno considera que el amaño de partidos es una «infracción administrativa muy grave» y por eso ha puesto toda la maquinaria judicial en funcionamiento. La Abogacía del Estado presentó ayer, a petición del Consejo Superior de Deportes, un recurso contra la decisión del juez de Orihuela (Alicante), José Luis de la Fuente, de entregar las transcripciones telefónicas que acreditarían la presunta compra de partidos por parte del máximo accionista del Hércules, el empresario Enrique Ortiz, para lograr el ascenso del equipo a la Primera División.

El organismo que dirige el secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, pretende investigar lo ocurrido por vía administrativa y sancionar al Hércules si se demuestra el fraude, un hecho sin precedentes en el fútbol español. El problema radica en que el CSD necesita las pruebas que están en poder del juez y, al estar la investigación bajo secreto de sumario, éste no está por la labor de ceder el material conseguido a raíz de una investigación paralela, el 'caso Brugal', relativo a una trama sobre adjudicaciones de la gestión de residuos. Las alegaciones presentadas por la Abogacía del Estado en el juzgado número 3 de Orihuela señalan que la modificación para que el amaño de partidos sea considerado un delito no entrará en vigor hasta el 22 de diciembre.