Acayro retira a Muguruza y dos concejales sus competencias en Castro

Fernando Muguruza, alcalde de Castro Urdiales, volvió ayer al centro del huracán: fue suspendido -por segunda vez- por el juez Luis Acayro Sánchez de su competencia para tomar decisiones en urbanismo y contratación y, por vez primera, se le limita la actuación en la gestión del personal. En un duro auto, el magistrado advierte de que las irregularidades urbanísticas que investiga en La Loma podrían llevar a la quiebra al Consistorio, ya que en una estimación «prudente» el prejuicio patrimonial para las arcas públicas sube a 9,6 millones de euros.

El juez avisa de que la responsabilidad civil para compensar a los compradores de viviendas en La Loma podría superar los 30 millones de euros, cifra a la que habría que sumar los perjuicios e indemnizaciones que podrían derivarse de otras causas urbanísticas, por lo que la cifra total «puede ocasionar la quiebra» del Ayuntamiento de Castro Urdiales.

Al mismo tiempo, Luis Acayro Sánchez retira al concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez -conocido como 'KyK'-, de sus funciones en urbanismo y contratación y a Salvador Hierro, portavoz de IU, de sus competencias por delegación especial de la gestión del suministro de agua.

Los tres van a recurrir el auto judicial y, hoy mismo, se reunirán en el Ayuntamiento para proceder a un nuevo reparto de concejalías con el resto de ediles. Evitarán las que les han sido vetadas, pero pueden ejercer otras funciones. 'KyK', de hecho, mostró ayer su total indiferencia ante la decisión judicial: «Como tengo seis concejalías no me preocupa que me quiten una», indicó.

La jurisprudencia no se pone de acuerdo sobre la eficacia real del recurso: en algunos casos se acepta la paralización de su suspensión cautelar, pero en otros no.

La investigación sobre La Loma es la misma que llevó a Muguruza a ingresar cautelarmente en prisión en febrero de este año. De hecho, ésta es la segunda vez que el juez retira al alcalde de Castro Urdiales las competencias de urbanismo y contratación del ayuntamiento. Ya lo hizo en octubre de 2009, pero la medida decayó en marzo, cuando la Audiencia de Cantabria revocó la orden de prisión.

El paso que da ahora el juez ha sido provocado por las acusaciones particulares -el partido político La Unión, la Junta Vecinal de Santullán y los vecinos de La Loma- que habían pedido la inhabilitación cautelar para el desempeño de funciones públicas de hasta cinco imputados (los ya citados además de Rufino Díaz Helguera -edil de Atención Ciudadana- y Concepción Carranza -edil de Cultura y Educación), mientras que el Ministerio Fiscal sólo pedía medidas para el alcalde.

El magistrado Acayro también ha ordenado la paralización de las obras del SUNP 3 (La Loma) y el SUNP 12 (área de Santullán donde se levanta la urbanización Residencial San Pelayo, promovida por Vallehermoso) y la retirada de toda la publicidad relativa a la venta de los chalés. Además, pide a Sacyr Vallehermoso que retire todas las vallas y farolas de Residencial San Pelayo «con apercibimiento de que, de no hacerlo, estaría incurriendo en un delito de quebrantamiento de medida cautelar».

El instructor ha solicitado a la Guardia Civil que compruebe el efectivo cumplimiento de estas medidas cautelares, «pudiendo proceder a las detenciones que fueran precisas en caso de incumplimiento». También la Secretaría municipal y el interventor están obligados a comunicar los incumplimientos que se produzcan.