Atasco en los Juzgados de Castro

La polémica está servida. La carta que remitió hace unos días el director general de Justicia, Juan Carlos Mediavilla, al decano de los Juzgados de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez, no ha sentado nada bien en el seno de los procuradores, abogados y funcionarios que trabajan a diario en el partido judicial castreño.

Mediavilla aseguraba en su misiva que aún no se ha solucionado el «atasco histórico» de los procedimientos, pese al incremento de funcionarios que se ha producido desde hace casi tres años, a través de refuerzos. Esta apreciación «nada tiene que ver» con la realidad del día a día. Al menos así lo certifican los abogados y procuradores del partido judicial de Castro.

Eloy Ruiz, delegado de los procuradores de Castro Urdiales, insiste en que el problema de los Juzgados castreños reside en la «falta de funcionarios». Eso sí, asegura que esos funcionarios deberían estar cualificados. «La mayoría vienen procedentes de otros trabajos de la administración, diferentes a las tareas que se llevan acabo en un juzgado. Esto provoca que necesiten un periodo de adaptación, con el consiguiente retraso en la tramitación de expedientes».

Eloy Ruiz pone como ejemplo los Juzgados de Laredo, «donde no hay ningún retraso porque los funcionarios que trabajan allí tienen varios años de experiencia». «En Castro la mayoría de los funcionarios son interinos», añade.

El delegado de los procuradores de Castro cree que, desde que se creó, el Juzgado de Instrucción Número 1 ha ido «dando tumbos». Dice que la falta de personal es tan clara que el juez Acayro ha tenido que ejercer en alguna ocasión de agente judicial. Y es que la falta de policías judiciales es otra de las carencias de los Juzgados de Castro. «La solución no está en crear más juzgados», apostilla.

Pilar Ibáñez Bezanilla, procuradora en Castro desde hace 15 años, opina igual que su representante. «Hace falta más personal, pero cualificado. En Castro hay mucho papel. Viene gente que no está acostumbrada a este trabajo y hacen lo que pueden. Con dos funcionarios más en los Juzgados 1 y 2 se podría solventar ese atasco histórico».

Balones fuera

El delegado de los abogados de Castro Urdiales, Luis López Rendo, es el más crítico con las consideraciones que se han hecho desde la Dirección General de Justicia. Dice que están echando balones fuera. «Sólo miran los números, no miran la calidad de esos funcionarios que proceden de bolsas de trabajo y que no han trabajado en un juzgado nunca. Para cuando han cogido el ritmo de trabajo, se tienen que ir».

López Rendo se suma a la petición de sus compañeros y pide más refuerzos. Por lo menos dos funcionarios para los Juzgados 1 y 2, como plantea la procuradora Ibáñez Bezanilla. «La Dirección General de Justicia acude a las bolsas de sustitutos y eso me parece un aprovechamiento ridículo».

El representante de los abogados de Castro dice que cuando el Servicio de Inspección del Consejo General de Poder Judicial ha estado haciendo una inspección ordinaria en septiembre, ha podido comprobar que la falta de personal es clara.

Mediavilla discrepa

El director general de Justicia parece estar ajeno al día a día de los Juzgados de Castro. Cree que la solución no pasa por aumentar el número de funcionarios sino por «la adopción de otras medidas sobre las que podemos hablar cuando el Consejo General del Poder Judicial lo estime oportuno».

Mediavilla dice que el incremento de personal «no casaría bien con los datos obrantes en nuestro poder, ya que los Juzgados de Castro registran una entrada de asuntos inferior a la de la mayoría de los órganos judiciales mixtos de Cantabria y de otros muchos territorios que, sin embargo, afrontan su carga de trabajo con una plantilla similar, e incluso inferior a la que hay actualmente en Castro». Como ejemplo pone los registros de entrada de Medio Cudeyo y San Vicente de la Barquera.

«Lo que resulta más complicado es explicar la solicitud de una plantilla superior a la que actualmente tienen los seis juzgados de Torrelavega, órganos sobre los que la carga de trabajo, tanto en cantidad como en calidad, es superior a la de Castro», señala acogiéndose a los datos del Ejecutivo cántabro.