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MARIANA CORES
Miércoles, 3 de noviembre 2010, 09:10
La Policía Nacional considera que el empresario de Los Corrales de Buelna detenido en el marco de la Operación Lapacan es el cabecilla de una red de prostitución internacional dedicada a la explotación sexual de mujeres de varias nacionalidades. Según la investigación, T.P.C., detenido el pasado día 27, había creado, junto a un socio ruso, A.A., un sistema para captar a las mujeres en Rusia y dar salida a los beneficios económicos obtenidos mediante un entramado de más de treinta sociedades. La organización explotaba en clubes de alterne de Santander, Zaragoza y Alicante a más de 70 mujeres extranjeras. En la operación se ha detenido a 31 personas y se han cerrado locales de prostitución.
El gancho
El gancho con el que ambos empresarios conseguían que las mujeres aceptasen su 'oferta de trabajo' era la promesa de ganar 5.000 euros al mes si sólo alternaban, y el doble de esta cantidad si practicaban sexo con los clientes. En el caso de alternar, debían ir bien vestidas y procurar no beber alcohol, para evitar terminar embriagadas.
Pero la letra pequeña del contrato también les imponía la condición de que durante los tres primeros meses de trabajo debían entregar en el club 1.600 euros, según los datos avanzados ayer desde la Policía. En caso de que se quedaran más tiempo, tendrían que abonar 200 euros mensuales. Aceptadas las condiciones, debían entregar sus pasaportes y 50 euros para el visado, unos trámites que se prolongaban durante unas dos semanas.
Para asegurarse el control absoluta de las mujeres, los responsables del club les prohibían que dijeran dónde se encontraban ni a qué se dedicaban cuando hablaban por teléfono, mientras que los responsables en Rusia tomaban todos los datos de filiación de las víctimas y les advertían de que debían pagar la deuda si no querían tener problemas, ellas o sus familias. Además, si eran interrogadas por la Policía en España, no deberían de decir nada. De lo contrario, tendrían problemas.
En los locales de alterne se imponían unas normas muy severas que llevaban aparejadas multas por no presentarse a trabajar, por llegar tarde, por tener discusiones entre ellas o por pegarse, además de que era habitual el consumo de drogas como medio de control de las mujeres para anular su voluntad y crearles dependencia y poder manejarlas con menor resistencia.
La tapadera de T.P.M. durante estos últimos años eran los negocios inmobiliarios y de construcción en Cantabria. Pero al mismo tiempo, junto a varios familiares, creó un entramado de unas 35 sociedades para ocultar y dar salida a los beneficios económicos de sus actividades ilícitas, que se extienden a otras provincias, entre ellas Zaragoza, ciudad donde mantiene el control mediante testaferros de cinco clubes donde se ejerce la prostitución, al igual que en Alicante y en Santander, además de estar realizando las últimas gestiones para la apertura de otro club en Albacete.
El entramado de empresas y su incursión en el mundo inmobiliario, según los datos ofrecidos ayer por la Policía Nacional, permitió al empresario mantener su actividad oculta para los organismos oficiales, si bien el principal «cabecilla» (T.P.M.), -como le denomina la Policía Nacional- es conocido entre sus vecinos como una persona «de gran poder adquisitivo y con diversos contactos en todos los estamentos de la sociedad».
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