El juez Acayro supervisa las supuestas irregularidades de Santa Catalina

El magistrado Luis Acayro Sánchez volvió a abandonar en la jornada de ayer, por unas horas, las dependencias de los Juzgados de Castro Urdiales para certificar con sus propios ojos las presuntas irregularidades en el entorno de Santa Catalina. En esta zona se han paralizado varias construcciones: una promoción de 51 viviendas, ya ocupadas y situadas junto al polideportivo Pachi Torre, y otro grupo de 81 viviendas, ubicadas entre las calles Alfonso VIII y Libertad.

Acompañado de la fiscal Pilar Santamaría; la ingeniero municipal, María del Carmen Villanueva, técnicos de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), el constructor Martín del Río, y de varios abogados, el instructor realizó un reconocimiento judicial de las urbanizaciones afectadas.

La visita, que en un principio estaba prevista para el miércoles, comenzó sobre las 13.15 horas del jueves. El grupo supervisó en primer lugar un vial que se encuentra en la actualidad cortado y que al parecer se levanta sobre dominio público. Un policía judicial fue el encargado de grabar en vídeo las presuntas irregularidades urbanísticas detectadas en la zona.

Posteriormente, el magistrado Acayro se dirigió a la calle Poeta José Hierro, otro vial que separa la también paralizada construcción de un Supercor y 150 viviendas, del polideportivo Pachi Torre. La visita continuó por la calle Alfonso VIII, donde se ubica el colegio de Santa Catalina y concluyó en el ascensor que lleva el mismo nombre que el centro escolar. Como ya avanzó este periódico, ese elevador, construido por Martín del Río, se encuentra paralizado desde hace más de un mes porque el Ayuntamiento de Castro Urdiales no ha adjudicado el servicio de mantenimiento a una nueva empresa.

Imputados

Varias son las personas imputadas por estas presuntas irregularidades urbanísticas. Por un lado, al alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, está imputado por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de prevaricación urbanística en relación a los instrumentos aprobados en la Unidad de Ejecución 1.26 (en un área próxima al polideportivo Pachi Torre) y en el SUP 4 (en la zona de Santa Catalina).

Además, la ingeniero municipal, María del Carmen Villanueva, está imputada por prevaricación administrativa, al igual que el notario José Graiño.