El TSJC confirma la nulidad del proyecto de reparcelación de Santa Catalina

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Castro contra una sentencia que declaró nulo en 2008 el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación SUP-4, en Santa Catalina, donde se levanta el colegio y varias urbanizaciones.

Por tanto, confirma la resolución del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Santander que anulaba el proyecto de reparcelación, aprobado por el Ayuntamiento castreño en noviembre de 2005. Además, la sentencia anulaba el expediente de ocupación directa y los convenios urbanísticos aprobados. La jueza María Dolores de los Ríos estimaba así el recurso presentado por la empresa Incos Española S. A., copropietaria de una parcela afectada. Además, ordenaba al Ayuntamiento retrotraer las actuaciones al momento anterior a la aprobación de los acuerdos urbanísticos.

Según la jueza, se incoó el expediente de ocupación directa de los sistemas generales adscritos al sector SUP-4 para obtener terrenos para dotaciones públicas reconociendo a sus titulares el derecho a integrarse en una unidad de actuación excedentaria, sin estar aprobado el Plan Parcial de la zona, tal y como exige la legislación. Tampoco se publicaron en el BOC los requisitos necesarios, ni hubo notificación alguna a los interesados. Y tampoco consta que se inscribieran las superficies ocupadas a favor del Ayuntamiento en los términos previstos legalmente.

Respecto a los convenios urbanísticos formalizados para la obtención de parcelas para dotaciones públicas, como el colegio que está operativo, la sentencia precisó que no se abrió un periodo de información pública sobre el proyecto del convenio, motivo suficiente para declarar su nulidad. En el caso del proyecto de reparcelación, la causa de nulidad tiene el mismo origen: la ausencia de notificación individual de la iniciación del expediente a los interesados.

Muguruza se defiende

El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, explicó que cuando accedió a la alcaldía en 2003 existía un convenio suscrito por el Ayuntamiento y varios propietarios de la zona de El Rebanal. «Fue imposible dar edificabilidad a todos los propietarios porque no había sitio material y la empresa Incos se quedó fuera, no por una decisión política, sino por un error administrativo». «Yo seguí las instrucciones de los funcionarios y ahora me doy cuenta de que se actuó de forma arbitraria», apuntó. «La culpa fue de Pablo Arroyuelos, que realizó mal las compensaciones».

Muguruza señaló que la consecuencias que tiene esta sentencia para el Ayuntamiento es que deberá iniciar de nuevo el expediente administrativo del proyecto de reparcelación. «Tendremos que considerar la alegación que presentó en su día la empresa Incos, propietaria de un 3% del aprovechamiento urbanístico de Santa Catalina, e incluirle en el proceso de reparcelación».

El abogado del Ayuntamiento explicó ayer a este periódico que están estudiando la posibilidad de plantear un incidente de nulidad contra esta última sentencia del TSJC, que declara nulo el desarrollo urbanístico de Santa Catalina.