Multón de la Unión Europea por las vacaciones fiscales vascas

Al fin llegó la multa por las vacaciones fiscales. Tras una semana de zozobra en Euskadi, desde que la portavoz del comisario Almunia advirtiera que la sanción estaba al caer tras un larguísimo proceso que se ha prolongado 17 años, ayer habló el Gobierno de la UE. Y lo hizo alto. A 38 millones de euros asciende, por ahora, la multa que el Ejecutivo de los Veintisiete quiere imponer a España por no haber recuperado las diputaciones las ayudas fiscales a cambio de inversiones que concedieron a varios centenares de empresas -alrededor de 300- a lo largo de los 90, mediante un mecanismo de apoyo considerado contrario a la competencia comunitaria en una histórica sentencia de la Corte de Justicia de Luxemburgo pronunciada el 14 de diciembre de 2006.

La sanción, sin embargo, podría ser muy superior si el Tribunal, la instancia a la que corresponde ahora decidir a requerimiento de la Comisión Europea, asume plenamente los planteamientos de esta institución y las autoridades vascas siguen sin atender sus requerimientos. El procedimiento, según cálculos de las instituciones de Euskadi, puede prolongarse más de dos años. El recurso introducido ante la Corte luxemburguesa pide una multa de 25.817,4 euros por cada día transcurrido entre el pronunciamiento de los magistrados en 2006 y la fecha de la nueva sentencia que ahora se reclama -de ahí los 38 millones-, más 236.044,80 euros por cada día que medie entre el futuro fallo de la Justicia de la UE y el momento en el que la situación denunciada por el Ejecutivo de Bruselas sea plenamente corregida. No cabe recurso al pronunciamiento del Tribunal de hace cuatro años, luego el desentendimiento de las exigencias comportaría la multiplicación de la multa a pagar.

Lo que la Comisión reclama -y lo viene haciendo desde julio de 2001, cuando falló contra el régimen vasco de incentivos a la inversión-, es que las diputaciones recuperen las ayudas otorgadas en base a ese esquema, y que podrían alcanzar los 750 millones. Es la suma de 587 millones correspondientes a las deducciones por inversión -el 45% del importe de los activos- y a las vacaciones fiscales, que suponían la exención de los beneficios por un período de diez años. Los 163 millones restantes corresponderían a la figura conocida como las minivacaciones, que otorgaba una exención progresiva de los beneficios durante los cuatro primeros años de vida de las empresas de nueva creación. A juicio de la UE, las instituciones forales apenas han recuperado el 10% de las ayudas. El mecanismo fue derogado en 2000.

Cree la Comisión que las autoridades vascas no han atendido sus demandas de recuperación de las ayudas. Por ello, y al amparo de la legislación en vigor, reclama del Tribunal que revalide su fallo de 2006, como sin duda sucederá, y que imponga las sanciones exigibles, que cifra en las multimillonarias cantidades.

La 'factura' se ha mandado al Gobierno de España porque la interlocución es entre estados y no entre regiones, pero las diputaciones tendrán que compensar a Madrid por la multa, previsiblemente vía Cupo. Algunas, como la de Guipúzcoa, han admitido que las empresas podrían reclamarles porque fueron las instituciones las que les decían que actuaban conforme a la ley.

Lesiva para Cantabria

Cantabria fue una de las comunidades autónomas, junto a La Rioja, más beligerantes contra la norma vasca que favorecía la instalación de empresas en su territorio. Por su proximidad geográfica, la medida resultaba lesiva para la comunidad cántabra, por lo que planteó varios recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco durante el Gobierno del popular José Joaquín Martínez Sieso. Luego, con la llamada 'paz fiscal' se retiraron. Se presentaron inicialmente recursos individuales a cada una de las diputaciones forales. La Rioja mantuvo el recurso y llegó ante la corte de la UE, que es la que ha fallado.