Castro e Islares pierden una subvención por no cumplir con los trámites a tiempo

Ayudas que no llegan, deudas pendientes, ejercicios de retención del gasto, prohibición de endeudamiento, arcas municipales en números rojos... Cosas como éstas, tan escuchadas en los últimos tiempos, denotan que, ahora más que nunca, no están las cosas para tirar el dinero. Pues bien, en plena crisis económica la pedanía de Islares y el Consistorio castreño han perdido una subvención de la Consejería de Medio Ambiente por no cumplir a tiempo los trámites que se exigían. La ayuda, que iba destinada al desarrollo de actuaciones de prevención y corrección de la contaminación lumínica (colocación de nuevas farolas de bajo consumo, por ejemplo), hubiera permitido a estas dos administraciones ingresar un total de 46.000 euros que, finalmente, se quedan en las arcas del Gobierno de Cantabria.

El Ayuntamiento castreño había solicitado 25.000 euros para sustituir los equipos y lámparas de un tramo de la calle Leonardo Rucabado, una cifra con la que no contará después de todo, al no hallarse al corriente de los pagos y obligaciones con el Ejecutivo regional. Esto pese a haber sido advertido de la situación -como es costumbre en estos casos- al solicitar la subvención, lo que implica que podría haberse corregido la irregularidad a tiempo.

Tampoco la Junta Vecinal de Islares percibirá los 21.000 euros solicitados para la modificación del alumbrado público. En este caso por no haber enviado la documentación a tiempo. Se trata de una situación más preocupante si cabe que la que afecta al Consistorio, teniendo en cuenta la crisis por la que atraviesan las pedanías castreñas en los últimos tiempo. Paradójicamente, en un momento en el que se habla incluso de la posibilidad de tener que colgar el cartel de cerrado en las juntas vecinales por falta de ingresos, Islares solicita esta ayuda fuera de plazo.

Pese a que el alcalde pedáneo, Iván González (PP), lo niega, el Boletín Oficial de Cantabria recogía ayer que «la Orden fue publicada el 18 de enero de 2010 y el plazo de presentación de solicitudes será de un mes». Ese plazo finalizó el 18 de febrero e Islares envió la solicitud el día 22, por lo que «resulta evidente que la documentación se presentó fuera de plazo». González insiste en que cumplieron las normas y asegura que dispone de papeles que lo demuestran. Habla incluso de la posibilidad de que «se trate de una excusa» para no dar a Castro una ayuda que se ha concedido a 17 ayuntamientos.

El precedente

Vuelven de nuevo las diferencias entre administración local y regional y planean las sospechas de que estas denegaciones se deban a ese enfrentamiento.

Y es que ya en el año 2009 el Gobierno de Cantabria denegó al Ayuntamiento una ayuda de 85.000 euros para contratar a 14 desempleados. En aquel momento se alegó también que el Consistorio no estaba al corriente de los pagos. Ante este argumento, el entonces edil de Industria, Agustín Fernández (PP) aportó un documento en el que se señalaba lo contrario, según informe de la tesorera y carta de pago de Caja Cantabria. Aseguró también que «ha habido mala fe» en la actuación del Gobierno de Cantabria. «Ya no saben como denegarnos las subvenciones».