Sin igualdad no hay subvención

La primacía numérica de los hombres en los ámbitos de decisión de la Administración cántabra tendrá los días contados a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley de Igualdad, con la que se tomarán medidas para balancear la presencia de mujeres y hombres en los puestos de dirección. La expresión «representación equilibrada» -que trae consigo un mínimo del 40% de mujeres en todos los espacios- salpica de forma llamativa todo el texto legislativo, que es todavía un borrador al que se pueden hacer correcciones, y cuyo objetivo es que la igualdad en Cantabria salte de la teoría a la práctica.

En realidad, una revolución. Porque la propuesta de la Dirección General de la Mujer (que lleva un año y medio trabajando en este anteproyecto) es que no sólo el Consejo de Gobierno garantice en su propio seno esta «representación equilibrada», que supone que ambos sexos tengan al menos presencia en un 40%. El mismo porcentaje deberá tenerse en cuenta a la hora de designar altos cargos y en el momento de los nombramientos desde el nivel de subdirecciones generales. Además, ellas tendrán su parte de las sillas en los Consejos de Administración de las empresas públicas e, incluso, en los puestos directivos y de responsabilidad profesional en la Sanidad y la Educación públicas.

Los cambios no se producirán de forma inmediata -no se trata de sacar a nadie de ningún sitio- sino cuando toque renovar asientos. Pero las modificaciones serán relevantes. De tomarse la ley al pie de la letra, en el próximo Gobierno cántabro tendrían que ejercer al menos cuatro mujeres (ahora sólo hay dos, de modo que se doblaría la concurrencia). Y, por poner un ejemplo de una empresa pública: para el Consejo de Administración de Sodercán, la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, deberían designarse siete mujeres si se quiere observar el mandato del 40%. En la actualidad, este consejo está formado por 17 personas y las mujeres representan el 6% del total. Traducido: sólo hay una señora (María Jesús Cedrún, secretaria general de UGT).

La idea es dar ejemplo desde lo público para que, con el tiempo, la filosofía vaya calando en los sectores privados. De ahí que la ley, que lleva el nombre de 'igualdad efectiva entre hombres y mujeres' descienda a regular detalles pequeños y establezca fórmulas de control. En la Administración regional habrá una persona encargada de velar por su cumplimiento -que tendrá consideración de autoridad- hasta en el último rincón.

Al extremo de que el mismo acceso a la Función pública se verá afectado: cuando un aspirante varón empate a méritos con una aspirante femenina se dará prioridad a esta última siempre que la mujer esté infrarrepresentada en ese sector. (Se considera infrarrepresentación la distancia de 20 puntos entre hombres y mujeres y este artículo es de doble dirección: cuando sean los hombres los de menor peso en un espacio, los elegidos serán ellos).

El afán por empujar la llegada de las mujeres a lo público no acaba ahí. Al hilo de la legislación nacional, que ya obliga, se estipula que las listas de los partidos políticos tendrán que ser paritarias. Pero usando la fórmula conocida como «tramos de cinco», no la de cremallera. Es decir, por cada cinco candidatos, habrá un máximo de tres hombres o tres mujeres. Esta normativa en preparación no influirá para nada en las próximas elecciones municipales y autonómicas porque la obligación de la paridad ya existe desde que entró en vigor la Ley estatal de Igualdad y cada partido se atiene a ella como le conviene.

Las empresas privadas, por su parte, deberán tomar buena nota de que el Gobierno sigue sus pasos para que no dejen a las mujeres fuera de los ámbitos de decisión. Todos los años, las sociedades con domicilio social en Cantabria tendrán que comunicar al ejecutivo regional cuántas mujeres figuran en sus Consejos de Administración para ser evaluados. Si hay presencia femenina, se les hará un informe favorable que se difundirá. De no ser así, se les recordará -vía interna- la conveniencia de designar mujeres.

Aunque el sector privado escapa de las obligatoriedades establecidas en lo público por la ley, las sociedades privadas que quieran contratar con la Administración o recibir cualquier clase de subvención tendrán que acreditar que tienen planes de igualdad y que no han sido sancionadas por cuestiones de género.

Al Parlamento en enero

La normativa se encuentra en proceso de información por los servicios jurídicos del Gobierno y ha llegado a todas las consejerías. Todavía ha de pasar por el CES, (Consejo Económico y Social) y se estima que podría entrar en el Parlamento en enero para su tramitación. Si ésta discurriera sin sobresaltos, tardaría unos dos meses en aprobarse, como es habitual.

Este texto legislativo servirá para aterrizar en Cantabria la ley estatal, que data de 2007. Cada comunidad autónoma ha hecho las contribuciones que ha querido al trasladarla a su territorio y, en esta región, los redactores de la misma se han fijado en especial en las mujeres en riesgo de exclusión -para ellas habrá preferencia a la hora de acceder a una vivienda de protección oficial, sobre todo si tienen menores a su cargo-. Al tiempo, se da gran valor a todas aquellas personas que se acogen a las medidas de conciliación familiar para cuidado de hijos pequeños, mayores dependientes o familiares discapacitados.

Una parte reseñable del articulado ya está siendo aplicada por el Gobierno regional, cuya apuesta decidida por dar un mayor protagonismo a las cántabras en todas las áreas de la vida social y política es muy evidente desde la llegada al Gobierno de la secretaria general del PSOE, Dolores Gorostiaga. La vicepresidenta del Ejecutivo ya hizo comprometerse en 2004 a sus socios regionalistas, por escrito, con el objetivo de la igualdad como prioridad política. De Gorostiaga depende la Dirección General de la Mujer, desde donde se ha trabajado intensamente en los últimos siete años para crear el caldo de cultivo y una corriente de opinión favorable a las medidas que se espera ir sacando adelante en unos meses.

Pero a la vicepresidenta se le ha criticado en más de una ocasión que ni siquiera su lado del Gabinete sea paritario. La dirigente socialista tiene potestad para nombrar seis consejeros y, aparte de ella, sólo designó a una mujer, la titular de Educación. En el lado regionalista no hay consejeras.

Educación: intervención global

La ley repasa cuestiones que los socialistas del Gobierno considera fundamentales para lograr un gran cambio social a favor de las mujeres, como la Educación, la Sanidad o el empleo. Se anuncia, de esta forma, una «intervención global en el sistema educativo» regional que se basará en identificar las discriminaciones y corregirlas.

Para ello se implantará un modelo coeducativo, en el que se rechazará todo sexismo, se obligará a formarse específicamente al profesorado, se potenciará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los puestos directivos de cada nivel de la red educativa -y también en el Consejo Escolar de Cantabria- y se eliminarán de los currículums todos aquellos materiales que adjudiquen roles de género distintos a niños y niñas.

La norma prevé que en todos los centros habrá un responsable de promover la igualdad, a quien esta función se tendrá en cuenta como un mérito a efectos de la promoción profesional. Colegios e institutos tendrán que rendir cuenta a través de sus memorias anuales sobre qué medidas desarrollan para impulsar la igualdad.

Este valor deberá estar presente, por otra parte, en la Universidad de Cantabria. No sólo porque se garantizará la «representación equilibrada» en la composición de los órganos colegiados, las comisiones de selección y los comités de expertos, sino además porque se potenciarán en su seno los estudios de género, se incluirán contenidos obligatorios en los planes de formación que tengan que ver con la igualdad y, para que las mujeres adquieran peso en el sector de la investigación, en las convocatorias oficiales se dará valor extra a los proyectos que estén liderados por mujeres -en aquellas ramas de investigación donde estén infrarrepresentadas- o a los equipos que estén formados por tantos hombres como mujeres.

La ley se detiene, por otro lado, en la necesidad de hacer que las mujeres se impliquen más en la participación cívica, entendida ésta como una mayor presencia en asociaciones y organizaciones profesionales, empresariales, sindicales, políticas o culturales y, «en especial, en sus órganos de dirección». A tal fin se promoverá, «a través de las subvenciones, el incremento de la presencia de mujeres en aquellos órganos de dirección en los que estén infrarrepresentadas». Y se va más allá: las Administraciones públicas de Cantabria «no podrán conceder ningún tipo de ayuda pública a aquellas organizaciones que discriminen por razón de sexo en su proceso de admisión, en su funcionamiento o en las decisiones».

Esta misma premisa, la de la exclusión de las ayudas públicas, regirá en las iniciativas deportivas que discriminen a las mujeres o que establezcan premios distintos en función del sexo del participante.

Icane y lo doméstico

El Gobierno seguirá sensibilizando y promoviendo que se visualice la contribución de las mujeres al desarrollo. El Instituto Cántabro de Estadística, Icane, sin ir más lejos, estará obligado a desagregar por sexos los informes que haga para que se pueda conocer en todo momento la situación real de las féminas en la región. Incluso se harán periódicamente estudios sobre el valor del trabajo doméstico para concienciar sobre su importancia.