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ABEL VERANO
Jueves, 20 de enero 2011, 13:46
El exconcejal de Obras del Ayuntamiento de Castro Urdiales, Pedro Olano, tuvo que comparecer ayer ante el magistrado Luis Acayro Sánchez, en calidad de imputado, por un presunto delito de prevaricación urbanística dentro del denominado caso de La Loma (el de las presuntas irregularidades urbanísticas por falta de licencias y construcción de viviendas en suelo público).
Fuentes cercanas a la investigación señalaron ayer a este periódico que Olano fue el que firmó la licencia de obra del colegio Menéndez Pelayo, situado en La Loma, antes de que se procediese a la urbanización de la zona, motivo por el que el juez le imputa un presunto delito de prevaricación urbanística.
Pedro Olano fue concejal de Obras durante la última legislatura en la que Rufino Díaz Helguera presidió la Corporación de Castro (2004-2007). Además, ostentaba el cargo de primer teniente de alcalde. Al parecer, Olano tuvo que firmar la licencia de obra del colegio en sustitución del entonces regidor Díaz Helguera.
En su comparecencia de ayer, el exconcejal socialista le dijo al juez instructor que todos los asuntos urbanísticos los llevaba el concejal del área, Joaquín Antuñano. No obstante, dijo no acordarse de aquella licencia.
En la jornada de ayer, también estaba llamado a declarar como imputado José Luis Martínez Parra, administrador de Teconsa, empresa constructora del colegio Menéndez Pelayo, pero finalmente no se personó. La tesorera municipal señaló hace meses en un informe que el Ayuntamiento de Castro Urdiales no había cobrado la licencia de primera ocupación que fue concedida a la empresa Teconsa en enero de 2004, por la construcción de este centro escolar y que asciende a 47.295 euros. «De acuerdo con lo previsto en las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por licencias urbanísticas, debieron ser liquidadas en el momento de la solicitud de la licencia», indicó.
Durante todo el proceso, los constructores de la zona han mantenido que cuentan con la pertinente licencia de obra por parte del Ayuntamiento y que no han cometido ilegalidad alguna en la ejecución de sus promociones. Por ello, solicitan al juez que desbloquee la medida de paralización de las construcciones ante el perjuicio económico que les está ocasionando.
Informe
El magistrado Luis Acayro Sánchez señala en una providencia que ha recibido un informe relativo a la «situación de riesgo» en la que se encuentra el colegio (no concreta en que consiste esa situación de riesgo) y da traslado a la Fundación Barquín para que tenga conocimiento del mismo, así como a la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) para que adopte con urgencia las medidas oportunas comunicándolo al Juzgado, «para adoptar la medida cautelar de paralización de cualquier tramitación».
Las declaraciones respecto a la construcción del colegio Menéndez Pelayo, que es el origen del desarrollo urbanístico de La Loma, continúan hoy. Está prevista la comparecencia en calidad de testigos de los representantes de la Fundación Barquín; el director general de Urbanismo del Gobierno regional, Pedro Ángel Gómez Portilla; el exdirector general de Medio Ambiente, Alfredo Izaguirre y la registradora de la propiedad.
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