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MARIO CERRO
Domingo, 23 de enero 2011, 13:46
«Si de verdad quieren a los perros, lo que tienen que hacer es marcharse cuanto antes por el bien de los animales». El presidente de la Asociación para la Protección y Adopción Canina (Aspacán), Francisco Javier Gutiérrez, tiene claro que la situación de los 350 perros que están a cargo de Regina Macho y Carmen Orio, en el pueblo de Torres (Torrelavega), es «inaceptable».
La protectora laredana será la encargada de gestionar el futuro de los animales que ahora cuidan las dos responsables de Capab, entidad retirada del registro de protectoras de animales por la Consejería, tras detectar los técnicos graves irregularidades en materia de sanidad y bienestar animal: la mayor parte de los habitáculos en los que se ubican los animales no permiten las adecuadas operaciones de limpieza y desinfección, protección frente a las inclemencias meteorológicas y aplicación de un programa de prevención de enfermedades.
«No sé si en un principio estas señoras tenían buena voluntad o no, pero desde luego el asunto se les ha ido de las manos y esto nada tiene que ver con una protectora, sino que se ha convertido en un auténtico campo de concentración y de hacinamiento de animales, que están en unas condiciones pésimas», explicó Gutiérrez.
Precisamente el presidente de Aspacán, varios ex voluntarios de Capab, críticos con la actual dirección, y miembros de otras asociaciones animalistas se concentraron el pasado jueves a las puertas de la finca de Torres donde se encuentran los perros, para mostrar su protesta y exigir a las dueñas de Capab «que se vayan» y que dejen ya la gestión en manos de «gente más competente». Una reivindicación que cuenta también con el apoyo internacional de dos colectivos animalistas de Holanda (Haba y Weiresladen).
«Empecinamiento»
Ninguno de estos colectivos entiende el «empecinamiento de estas señoras». «Los juicios de valor sobran aquí, es sólo verlo, que la gente pase, lo vea y juzgue. La foto que publicó EL DIARIO MONTAÑÉS hace una semanas con un perro en unas condiciones indignas habla por sí sola», explicó el responsable de Aspacán. El colectivo laredano cuenta con el respaldo de la Consejería de Ganadería del Gobierno de Cantabria y las asociaciones animalistas, pero el cambio de gestión se está alargando por la oposición frontal de Capab, que se defiende presentando todo tipo de recursos. Regina Macho y Carmen Orio aseguran que están siendo perseguidas y que sólo permitirán el acceso al recinto «con una orden judicial».
Pero las críticas hacia la gestión que llevan a cabo las actuales responsables de Capab no cesan y provienen ya no sólo de los colectivos animalistas. Llegan también de sus antiguos colaboradores. Precisamente, los miembros de este colectivo de voluntarios de Capab dicen haber sido testigos de cómo las responsables de la gestión de perrera han cometido «todo tipo de irregularidades respecto a la salud de los perros y salubridad de las instalaciones». Entre ellas, denuncian, «la no esterilización de los perros, que en muchas ocasiones no los entregan en adopción, impiden la ayuda de los voluntarios, atan a los 350 perros a cadenas de menos de un metro durante toda su vida, no existe ningún control veterinario y las medidas de higiene y salubridad de los animales son nulas».
Unas irregularidades que fueron detectadas por la Consejería de Ganadería en su inspección y que comparte el propio director general, Ismael Esparza. «Incumplen todas las medidas de bienestar, es un desmadre», dijo hace semanas.
Trámites en marcha
La Consejería de Ganadería quiere iniciar antes de que concluya este mes el desalojo de dos terceras partes de los más de 350 perros que cuida la protectora de animales. La decisión está tomada y parece que sólo es cuestión de tiempo que Aspacán se haga cargo del centro. Los trámites están en marcha pero se están alargando por la oposición frontal de Capab. A la espera de poder desalojar a Regina Macho y Carmen Orio de la finca, propiedad de Fomento, Ganadería quiere ir incautando progresivamente los perros, para atenderlos en una de sus fincas y después entregarlos en adopción. La intención es que el centro de Torres se quede con poco más de un centenar de canes.
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