El 'caso Mioño', origen de la investigación de Acayro en Castro, se juzgará en abril

Ya hay fecha para la celebración del primero de los juicios de la investigación que el juez Luis Acayro Sánchez lleva a cabo en el Ayuntamiento de Castro Urdiales desde hace tres años. El titular del Juzgado de lo Penal Número 2 de Santander, José Hoya Coromina, ha fijado el comienzo de las sesiones del juicio oral del 'caso Mioño' -presunta adjudicación a 'dedo' a la empresa Izeta del acondicionamiento del túnel de Mioño y del ascensor del mercado municipal- para los días 5, 7 y 14 de abril, a las 9.00 horas.

Nueve son las personas acusadas por la Fiscalía dentro de este caso: el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza y cinco ediles de la Junta de Gobierno de 2004; el exsecretario municipal, César Sainz; el exinterventor accidental, Gregorio Alcedo; y el exgerente de Izeta, Ignacio Díez Muro. Este último, es el que se enfrenta a la mayor pena dentro de este caso. El Ministerio Fiscal pide para él un año de prisión y 14.000 euros de multa por un delito continuado de tráfico de influencias.

La Fiscalía solicita también diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público a Salvador Hierro (exedil de Obras y concejal de Tráfico) y Jaime Díez Muro (exedil de Industria y hermano del exgerente de Izeta). Ocho años y nueve meses de inhabilitación es lo que pide para Muguruza, José Miguel Rodríguez López (edil de Hacienda), Santiago Vélez (exedil de Deportes) y Concepción Carranza (edil de Cultura), todos ellos por un delito de prevaricación.

El exsecretario municipal, César Sainz, y el exinterventor, Gregorio Alcedo, se enfrentan a penas de siete años de inhabilitación por el delito de prevaricación por omisión.

Fuentes de la investigación judicial señalaron ayer a este periódico que la sentencia de este caso podría conocerse antes de las elecciones del 22 de mayo. El fallo de esta sentencia podría condicionar el resultado de los comicios, ya que uno de los imputados, Rodríguez López, podría ser candidato a la Alcaldía de Castro por un partido independiente.

Tres años de instrucción

Han pasado casi tres años desde que el juez Acayro comenzara, con este caso, su investigación en el Ayuntamiento de Castro. Fue un 27 de marzo de 2008 cuando la Policía Judicial intervino en la Gerencia de Urbanismo de Castro una carretilla con ocho carpetas y varias decenas de folios relacionados con el pago de facturas en materia urbanística. Era la primera de las múltiples actuaciones que se sucederían a lo largo de estos años.

Los casos abiertos por el magistrado Acayro superan ya la decena. El 'caso Trapur' (el de la presunta adjudicación irregular de los trabajos de desratización en el municipio a la empresa castreña Trapur) es otro de los que está pendiente de juicio oral.

El 'caso La Loma' -el de las presuntas irregularidades urbanísticas por falta de licencias y construcción de viviendas en suelo público-, y que sigue en fase de instrucción, también es uno de los más polémicos, ya que fue el que llevó al alcalde Muguruza al penal de El Dueso durante 19 días.

La polémica suscitada por las obras de rehabilitación del túnel de Mioño se remonta al 7 de marzo de 2006. Los concejales no adscritos (expulsados del PSOE), Pedro Olano, Teresa Pérez, Pascuala San Miguel, Perpetua Andueza y Rufino Díaz Helguera pusieron en conocimiento de la Fiscalía que la adjudicación de las obras del túnel a la empresa Izeta, «se había realizado sin cumplir los trámites y requisitos exigidos para la contratación, principalmente los principios de publicidad y concurrencia, y sin redacción previa del preceptivo proyecto». Este hecho motivó que el interventor municipal formulase un reparo en el trámite de la fiscalización del gasto que ascendía a 58.765 euros. Acayro inició su instrucción partiendo de esa denuncia.