La oposición de Los Corrales critica el acuerdo con Celsa

El Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna mostró ayer su desacuerdo con que el equipo de gobierno supedite el convenio urbanístico que pretende firmar con el grupo empresarial Celsa a la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en un plazo máximo de 18 meses.

Y es que, según puntualizó el regionalista Luis Ignacio Argumosa, en el caso de que el plan no se apruebe dentro del plazo señalado, el Ayuntamiento tendrá que devolver a sus dueños la finca que Celsa cede al municipio junto al río Besaya, reponerla a la situación actual e indemnizar a los empresarios por no cumplir esa cláusula con una cantidad de dinero que, dice Argumosa, no se establece.

Como tampoco se determina, aseguró el regionalista, el precio de la otra finca cercana al centro del pueblo, en el entorno de la Rasilla, que el Ayuntamiento tendría que pagar a Celsa en el caso de que no se apruebe el plan urbanístico en 18 meses. Una finca que, avanzó, tendría un coste muy alto por su situación. El Ayuntamiento mantendría su propiedad pero tendría que asumir «la compra obligatoria de la finca, un gasto que, según sabemos, no se cifra en el borrador que ya nos han entregado como premio al convenio urbanístico definitivo», dijo el edil del PRC.

Por otra parte, Argumosa señaló que la mayor finca que se maneja en ese convenio como cesión al municipio «no es apta para albergar fiestas, como pretende el PP, y menos la de las Guerras Cántabras, principalmente por el riesgo que se correría al no tener más que una entrada y salida posible». No soportaría, dijo, ningún plan de seguridad. Y adelantó la «necesaria adaptación, para adecuar esa finca, a las condiciones que impongan la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, por estar la finca paralela al río Besaya, o la Consejería de Medio Ambiente, por levantarse ese terreno en un vertedero de residuos industriales, inertes o no».

«No desbloquea el PGOU»

El concejal del PRC también apuntó que el convenio «no sirve para desbloquear necesariamente el PGOU» pues «hay otras alegaciones presentadas por los vecinos y empresarios» y, para concluir, dejó una pregunta al equipo de gobierno: «¿Qué condiciones se firmaron en el convenio del año 1984 entre el Ayuntamiento y Celsa que ahora se citan en el nuevo borrador como posible perjuicio para el municipio?».