El disparate ambiental y económico de San Glorio

De todos es sabido que la construcción de una estación de esquí alpino en pleno corazón de dos espacios naturales en Castilla y León cercanos a Cantabria se está convirtiendo aparentemente en objetivo primordial para su gobierno autónomo desde hace unos años, aludiendo a que tal actividad traería un resurgir socioeconómico a una zona rural de montaña que lleva años perdiendo población y tejido productivo, a la vez que se mostraría totalmente respetuosa con los valores naturales que atesora esos valles... Pero quizás antes de dar crédito sin más a tal afirmación tenemos que ver la consistencia de los argumentos y como están actuando para cambiar unas leyes y articular otras en pro de unos intereses particulares.

En el año 2003, ciertos empresarios convencieron a los alcaldes de los pueblos para venderles un proyecto basado en el ladrillo «que traería mucho dinero a la zona». La dificultad estribaba en que estaban prohibidas las estaciones de esquí en la parte palentina. Ni corto ni perezoso, el consejero de Medio Ambiente, muy ligado al norte palentino, Carlos F. Carriedo, cambió la normativa mediante un Real Decreto pero sin aportar ninguna justificación ni estudio técnico que lo avalara. Esto último sucedía en el año 2005. Se interpusieron diferentes denuncias que fueron admitidas por el TSJ de Castilla y León, que acabó sentenciando que el cambio era arbitrario y que el Ejecutivo no podía desproteger un espacio natural, afirmando a su vez que el bien individual no podía sobreponerse al bien común. Pero, claro, quién gobierna desde hace muchos años en Castilla y León sin alternativa que le haga sombra acaba por enquistarse y desarrollar una prepotencia y arrogancia típica de los sistemas más autocráticos

La Administración ha aprendido la lección. A partir de ese momento, todo lo relativo a San Glorio lleva rango de ley ¿Finalidad?: evitar que los ciudadanos puedan acudir a los tribunales, lo que provoca indefensión. Sucesivas leyes se aprueban como sacadas del sombrero de un prestidigitador para blindar el proyecto. Ley de Cambio de Normativa, Ley de Ordenación Territorial y Ley Estación de Esquí por Interés Regional... Sí, sí, leen bien, una estación de esquí es tan importante como las leyes de educación, de sanidad, de lo social, leyes que se articulan para beneficio de los ciudadanos de la región independientemente de donde se encuentren, leyes de interés general no particular, atendiendo a las necesidades de la población y sin discriminar al resto. Esto nos suscita algunas preguntas: ¿se puede elevar una iniciativa privada de interés particular a rango de ley? ¿Se puede articular en una ley una iniciativa empresarial que ha impuesto como condiciones a la administración la financiación de todas las inversiones iniciales e incluso la participación en su accionariado? ¿Se puede legislar por ley una iniciativa de más de 100 millones de euros de inversión para supuesto beneficio de 3.500 personas de Castilla y León que son los que habitan esos valles en detrimento del resto? ¿Las leyes no deben defender el interés general frente al particular? ¿El resto de ciudadanos de Castilla y León y de Cantabria no tienen derecho a disfrutar de un espacio natural bien conservado? ¿Debe prevalecer una actividad lúdica como es una estación de esquí frente a un derecho constitucional de disfrute del medio ambiente por parte de cualquier ciudadano?

Una de las cosas que más indigna a la gente es el uso de la mentira para conseguir ciertos objetivos. El fracaso económico de este tipo de proyectos está demostrado por pasiva y por activa en todas las estaciones de esquí en Castilla y León desde hace muchos años: ni San Isidro, ni Pajares , ni Leitariegos, ni La Pinilla, ni La Covatilla - ésta última un apuesta ruinosa desde el principio- han supuesto un revulsivo socioeconómico para sus habitantes, más bien han provocado y están provocando una escandalosa sangría de fondos públicos para financiar una actividad deficitaria por naturaleza, enfocada a la diversión personal y que no tiene justificación estadística por aumento de población o de riqueza.

La oposición a este proyecto desde el punto de vista medioambiental es más evidente todavía. Nadie perteneciente al mundo científico y universitario tiene dudas acerca de las consecuencias nefastas que tendría sobre los valores naturales y geológicos del territorio.

Si se llevase a cabo el proyecto se estaría cometiendo uno de los crímenes ambientales más aberrantes desde el inicio de la democracia en este país. No solo se condenaría al oso a desaparecer en su sector oriental, sino que desaparecerían un gran número de especies, algunas endémicas, que solo sobreviven en la zona más alpina, junto con Picos de Europa, de la Cordillera Cantábrica. Contaminación de aguas, alteración de cursos fluviales, talas y desbroces masivos, movimientos de tierras, eclosión por doquier de torretas, antenas, canalizaciones de nieve artificial, embalsamientos de aguas, construcción de pistas, carreteras, aparcamientos, construcciones auxiliares, tránsito constante de miles de personas en época invernal, acumulación de basura, desperdicios dispersos...

Podríamos seguir contando muchas más afecciones. A quien no le convenzan estas palabras solo tiene que darse un paseo en verano por los alrededores de cualquier estación para percatarse de que la realidad es mucho más punzante que la mera retórica.