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CONSUELO DE LA PEÑA
Miércoles, 2 de marzo 2011, 14:11
La fiscal Superior de Cantabria, María Teresa Calvo, abrió ayer diligencias para investigar las presuntas irregularidades en CEOE-Cepyme de Cantabria, denunciadas el pasado martes por su secretario general, Yves Díaz de Villegas, y de las que responsabilizaba directamente al presidente de la patronal, Miguel Mirones.
En paralelo a la pesquisa fiscal, Mirones se ha apartado de todo lo concerniente a la investigación interna, y ha delegado sus funciones como presidente para todas las cuestiones relacionadas con la interlocución con Díaz de Villegas y la contratación de una auditora externa en uno de los vicepresidentes, Gustavo Larrazábal, hombre de su confianza, miembro del Comité Ejecutivo y de la comisión de seguimiento que fiscalizará la indagación.
La Fiscalía tiene en su poder dos denuncias: la del presidente de la Asociación de Constructores y Promotores, Fidel González Cuevas, y la del Frente Nacional. En el primer caso la denuncia es doble, ya que va dirigida contra Mirones, como «actor principal» de las supuestas irregularidades, y contra el secretario general, Yves Díaz de Villegas, por «negligencia». Ambos escritos se han unificado en un único procedimiento.
La crisis de la CEOE se desató el pasado martes, día 22, cuando el secretario general envió una carta a todos los miembros de la junta directiva de la confederación, en la que acusaba a Mirones de «nepotismo», «amaños» y enriquecimiento personal prevaliéndose de su cargo. La misiva, que iba acompañada de trece folios de documentación, convulsionó al empresariado cántabro y generó gran alarma social. Mirones envió tres días a casa con sueldo a Díaz de Villegas y, acto seguido, convocó para el viernes, día 25, una junta directiva. De este órgano salieron dos acuerdos: la contratación de una empresa auditora externa que investigue los hechos denunciados por el secretario general y la constitución de una comisión que fiscalice el proceso.
Pero González Cuevas, rival histórico de Mirones, no se conformó y el mismo viernes puso en manos de la Fiscalía los hechos denunciados por el alto cargo de la patronal. En su escrito al Ministerio Fiscal, el presidente de los constructores aportó la carta y la documentación difundida por Díaz de Villegas. Dos días después fue el Frente Nacional quien siguió la senda fiscal.
Ahora, la fiscal Superior ha decidido abrir diligencias para investigar los hechos. Esta decisión significa que estudiará la documentación aportada y, si considera que hay algún atisbo de ilegalidad, en los próximos días citará a declarar a los denunciados y a testigos, y podría pedir las pruebas que estime pertinentes. Si hubiera materia delictiva enviará las diligencias al Juzgado. Pero podría ocurrir que archive el caso sin llegar a tomar declaración alguna si estima que la documentación que descansa sobre su mesa carece de relevancia penal.
Investigaciones paralelas
El procedimiento fiscal se solapará con la investigación interna acordada en CEOE, que dispone de un mes, hasta el 30 de marzo, para redactar su informe y elevar las conclusiones a la junta directiva.
La comisión, integrada por Gustavo Larrazabal, Dámaso López de Atalaya, Carmen Rodríguez, Joaquín Incera y Luis Marina, se constituyó el pasado lunes, por la tarde. Todos sus miembros se han conjurado para que los trabajos, deliberaciones y acuerdos sean secretos para preservar a la confederación de sobresaltos mediáticos. Su primera decisión, siguiendo el mandato de la junta general, será la contratación en nombre de CEOE de una empresa auditora externa e independiente que investigará exclusivamente los hechos denunciados por el secretario general.
Díaz de Villegas, al que no se le dio audiencia en el cónclave empresarial, será escuchado en el seno de la comisión de investigación.
El secretario general acudió el lunes, a las 8.15 horas de la mañana, a su puesto de trabajo, y abandonó la sede minutos después. Según Díaz de Villegas, «tengo una orden de permanecer a disposición de la comisión de seguimiento y así lo haré». El secretario general no quiso concretar si está cumpliendo esa disponibilidad en su domicilio, ni si se le ha impedido acceder a su despacho en la patronal.
Quien se ha apartado del ojo del huracán del conflicto es el presidente de CEOE. Mirones firmó ayer sendas delegaciones de facultades en favor de su hombre de confianza en la comisión de seguimiento, Gustavo Larrazábal, para todos aquellos asuntos relacionados con la investigación. Larrazábal es uno de los vicepresidentes de CEOE, además de miembro de la comisión ejecutiva y de la comisión de investigación.
Mirones le señala que ha considerado «procedente delegar temporalmente» en él, como miembro de ambas comisiones, sus facultades como presidente «para todas las cuestiones e incidencias relativas a la contratación de la empresa auditora».
Además, el presidente le apodera para «todas las cuestiones relativas a interlocución, comunicaciones y entrega de documentos en nombre de la confederación con el secretario general».
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