El Tribunal de Cuentas investiga irregularidades contables del Gobierno en los años 2004 y 2005

La sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas tiene encima de la mesa el informe anual de la comunidad autónoma de Cantabria relativo a los ejercicios 2004 y 2005. Ha llegado hasta allí porque el presidente, Manuel Núñez Pérez, cree que debe estudiarse si hay o no responsabilidades contables. Ausencia de facturas, obras complementarias no suficientemente justificadas, valoraciones de ofertas contrarias al principio de economía, balances de cuentas presentados fuera de plazo y sobrecostes no justificados, son algunas de las observaciones 'regadas' por las más de doscientas páginas del informe.

El caso es que el Tribunal de Cuentas estudiará en profundidad la gestión del bipartito PSOE-PRC porque las conclusiones a las que ha llegado, después de analizar los primeros años del gobierno que comparten ambos partidos, lo han llevado a admitir en el Congreso que no se descarta sancionar al Ejecutivo que preside Miguel Ángel Revilla.

El informe, con un apartado específico dedicado a las empresas públicas, determina que en los ejercicios 2004 y 2005 el Gobierno creó ocho empresas públicas nuevas. Todas ellas recibieron subvenciones del Ejecutivo de Cantabria por importe de 42 millones de euros en 2004 y 47 en 2005. Según se refleja en el documento, si se deducen estas subvenciones, las pérdidas de dichas empresas ascendían en 2004 a 43 millones y a 56 en 2005.

Más datos: las pérdidas de explotación suponen 40,5 millones en el primer año de análisis y 50 el segundo; de forma que, si se descuentan las subvenciones de explotación pagadas por el Gobierno y se añaden los resultados financieros, las pérdidas se incrementaron de 2004 a 2005 un 274 por ciento.

En el apartado relativo a la empresas públicas, el informe del Tribunal habla también de «gastos no suficientemente justificados y documentación incompleta». Además, el endeudamiento con entidades financieras asciende en 2004 a 120 millones, un 40% superior al de 2003, y a 133 millones en 2005.

Cuentas fuera de plazo

En cuanto a la rendición de cuentas, las cuentas generales del segundo ejercicio fiscalizado se rindieron, pero fuera de plazo. El documento detalla también que las cuentas individuales de los organismos autónomos, en algunos casos, no se adaptaban a lo establecido en el Plan general de contabilidad pública, de obligatoria aplicación desde el ejercicio 2001. En concreto, que no se presentaron algunos de los estados contables en él establecidos ni se integraron sus saldos en la cuenta general de la administración.

Uno a uno, el informe se mete de lleno en lo que ha sido la gestión del Ejecutivo de colación en los que fueron sus primeros años de andadura y pone en cuestión otros asuntos. En cuanto a la situación patrimonial, «en el análisis del inmovilizado se constató la inexistencia de un sistema integrado de contabilidad patrimonial adecuadamente vinculado con la contabilidad financiera».

En la investigación ya practicada se detallan las deficiencias observadas «en las altas y bajas registradas».

Sobre la contratación administrativa, el informe ofrece una detallada exposición de los resultados del análisis de 49 contratos examinados por un importe total de 254 millones de euros. Y concluye este análisis que en algunos no constaban los preceptivos informes justificativos de la necesidad del objeto del contrato y que en ocasiones no se establecieron con precisión los criterios de adjudicación. También, que se observaron deficiencias en la valoración de las ofertas, además de producirse demoras injustificadas y modificaciones «sin que se acreditasen las nuevas necesidades o las causas técnicas que las justificaban».

El Tribunal de Cuentas destaca en este análisis el contrato de suministros de material para la unidad del dolor del hospital Marqués de Valdecilla y el de implantación de la sociedad de la información «por el singular procedimiento seguido en su adjudicación y por la insuficiente acreditación de los pagos efectuados».

«Me gustaría decir una cosa, y es que creo que aparte del tema de la gestión hay dos o tres asuntos que son importantes y en los que nuevamente se ven deficiencias en esta comunidad; es el caso de las subvenciones y el de la contratación. Me gustaría resaltar también el tema de la transparencia, y me refiero a las memorias sin información necesaria para conocer la situación financiera de la administración. Me parece que este es también un motivo importante a resaltar, fundamentalmente porque es una comunidad, al igual que todas las comunidades, con fuerte endeudamiento y con altos riesgos con los avales». Son palabras del presidente del Tribunal.