El juez Acayro investiga un presunto cobro irregular de una funcionaria de Castro Urdiales

Los Juzgados de Castro Urdiales siguen teniendo trabajo. Y mucho. El caso de La Loma, el del túnel de Mioño, el caso Trapur... han convertido a la ciudad en un hervidero de dimes y diretes, de declaraciones, de imputaciones y de acusaciones. Esta situación ha hecho que los castreños estén recibiendo un curso acelerado de práctica jurídica. Ejemplos para estudiar tienen por doquier. El último, el relativo a la declaración de la propietaria de unos terrenos que, supuestamente, pagó a una funcionaria municipal por su intervención en la operación de venta de una parcela a un promotor. Un lío más en la ya dilatada historia judicial castreña.

Severiana Villanueva, vecina de Mioño, reconoció ante el juez Acayro que pagó algo más de 72.000 euros en concepto de comisión por la venta de sus terrenos al promotor de Bifamiliares y Adosados Castreños, Vicente Santamaría, imputado por presunta estafa contra la ordenación del territorio. La beneficiaria de este pago, según la declaración de Severiana, fue Yolanda Sánchez, funcionaria municipal que aparece como imputada por cohecho en el caso de La Loma, en el que se investigan las presuntas irregularidades urbanísticas por falta de licencias y la construcción de viviendas en suelo público.

Severiana tuvo que testificar el pasado lunes ante el juez Acayro en calidad de testigo y su testimonio ha puesto a Yolanda Sánchez en el disparadero... una vez más. Severiana le dijo al instructor que la empleada municipal intermedió y cobró una comisión de 72.335 euros por la venta de sus terrenos. Y si resulta curioso que un empleado público pueda cobrar por intervenir en una operación de compraventa entre particulares, no lo es menos la forma de pago y cómo se desarrolló toda la operación.

Severiana aseguró en su declaración que la funcionaria le pidió la comisión en dinero negro pero se negó porque ella «todo lo hacía con dinero legal». No fue un impedimento para Yolanda Sánchez, que emitió una factura a nombre de su marido, Roberto Larrea, para poder cobrar los 72.335 euros en que había fijado sus servicios por la venta de los terrenos de esta vecina de Mioño. Una operación que ascendió a 2,4 millones de euros más cuatro chalés.

Los detalles

Severiana dio todo tipo de detalles al juez sobre cómo fue la operación. «Me llamó Yolanda Sánchez, la funcionaria de Urbanismo, y me dijo que había un posible comprador de mis terrenos. Me citó en su despacho de abogada en el Edificio Royal. Fue por la mañana, en horario de oficina de los funcionarios. En todo momento se identificó como una funcionaria del Ayuntamiento que trabaja en Urbanismo. Me dijo que conocía un posible comprador, que me podía hacer todas las gestiones, pero como inmobiliaria, y que me cobraría una comisión del 3%. Me garantizó que toda la tramitación administrativa sería correcta y que no habría problemas... y acepté las condiciones».

Pero claro, como no podía ser de otra manera, los problemas que nunca iba a aparecer, aparecieron. Con el dinero en su cuenta, Severiana reclamó las cuatro viviendas que formaban parte del pago.«Desde el primer momento el promotor nos puso problemas para entregar los cuatro chalés», aseguró la vecina de Mioño que, casi de inmediato, y cuando vio peligrar una parte sustancial del acuerdo, fue a hablar personalmente con la funcionaria. Severiana volvió a escuchar, es de suponer que con algo más de incredulidad, que de problemas, nada de nada, que todo iba a salir bien. Eso sí, los chalés siguieron sin estar en poder de la que debería ser su propietaria. Tras siete años de preguntas, de reuniones y de espera, a Severiana se le agotó la paciencia y acudió a la Justicia. Puso una denuncia y la ganó.

Victoria pírrica

Sin embargo, lo que para cualquiera hubiera sido una victoria, para esta vecina fue sólo un paso más en su particular Via Crucis. Y es que los cuatro chalés que ya tenía en propiedad carecían de licencia o, por ser más exactos, la que tenían era ilegal. El calvario continuaba para Severiana.

El magistrado le preguntó también a la testigo si alguien más del Ayuntamiento de Castro le había pedido dinero, a lo que respondió: «Nadie más me ha pedido dinero. No he pagado a ningún político, solo a Yolanda». Algo es algo.