El intermediario de Santa Catalina dice que cobró un millón de euros en 'negro'

«Cobré mucho dinero por hacer de intermediario en la compra venta de terrenos del SUP 4 de Santa Catalina. Salvador Albiñana, exempleado de Caja Cantabria, me pagó un millón de euros en efectivo, en negro y la mayoría en billetes de 500 euros». Éste es el testimonio de José Luis Mazón, un vecino de Castro, exempleado de Caja Cantabria y mediador en la compra venta de terrenos, que declaró ante el juez Acayro como testigo dentro de la investigación que se lleva a cabo en la zona de Santa Catalina, donde se ubica el quinto colegio de Castro y varias urbanizaciones.

Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha declarado nulo, en dos ocasiones, el proyecto de reparcelación de esa zona de Castro.

Este testigo le dijo al juez que adquirió unos 60 terrenos en Santa Catalina en los que se invirtieron 36 millones de euros, «financiados por Salvador Albiñana, un señor de Madrid, y es probable que hubiese otra persona, aunque no la conocía».

La operación generó unos beneficios brutos de 7,2 millones de euros. A pesar de este hecho, Mazón reconoció que, «aunque en la prensa salió que se había ganado mucho dinero y se dio la impresión de que se hizo todo a cambio de dinero y que fue un pelotazo, no hubo tantas ganancias, puesto que la operación generó muchos gastos».

Este testigo no pudo decirle al magistrado Acayro si se pagaron comisiones a funcionarios. «Salvador, a pesar de ser amigo, nunca me contó gran cosa». No obstante, se mostró muy claro a la hora de asegurar que no le consta que se hayan pagado comisiones a políticos. «No me consta, ni directa ni indirectamente, que se hayan pagado comisiones a nadie».

Respecto a su relación con los políticos del municipio, Mazón dijo que no ha tenido contacto con ninguno de ellos, pero sabe que el edil de Hacienda, Rodríguez López, no ha cogido dinero, «que le han ofrecido en ocasiones». «Me consta que José Miguel económicamente siempre ha estado bien».

Este intermediario, que fue teniente de alcalde en Castro ocho años, dijo que cuando se desarrolló el plan de Santa Catalina «se veía claramente que era ilegal». «Para hacer lo que se ha hecho, se tenía que haber modificado el PGOU. La Crotu no dijo nada. Había una prisa enorme en solucionar todo. El pretexto era entregar cuanto antes el colegio al Gobierno regional».