Una asociación nacional de jueces reprueba la candidatura de Mediavilla

Las críticas a la candidatura del consejero Vicente Mediavilla a magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) han sobrepasado ya los límites regionales. Ayer fue el comité nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV), segunda en número de afiliados dentro de la carrera judicial, quien censuró su postulado, al calificar de «inadmisible» su candidatura. Sostiene la asociación que pasar directamente de la política a la judicatura es una «distorsión» del sistema que afecta a la credibilidad del Estado de Derecho. Pero además cuestiona que el todavía consejero de Presidencia y Justicia reúna el requisito de los diez años de ejercicio profesional que exige la ley, y trae a colación el caso del magistrado Eligio Hernández, cuyo nombramiento como fiscal general fue anulado por el Tribunal Supremo.

La crítica de esta asociación viene precedida del comunicado suscrito por las secciones territoriales de las cuatro asociaciones de jueces (Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, la propia Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente), así como por la Asociación Profesional de Fiscales. En él expresaban su rechazo a la decisión del Parlamento de proponer al consejero de Presidencia y Justicia, Vicente Mediavilla, como candidato a magistrado del Superior de Justicia de Cantabria .

La Asociación Francisco de Vitoria ha recordado que Mediavilla sigue ostentando sus cargos políticos tras su designación como uno de los tres candidatos propuestos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y ha denunciado «de forma enérgica» que el hecho de que un aspirante al TSJC ostente altas responsabilidades políticas no salvaguarda la imagen de independencia que debe mostrar todo candidato, «imprescindible» para la confianza del ciudadano y «presupuesto indispensable» del recto ejercicio de la función jurisdiccional en un Estado de Derecho caracterizado por la separación de poderes.

Esta asociación ve «inadmisible» que quien ostenta altas responsabilidades políticas, utilizando su propia condición de diputado autonómico, se postule para un puesto de magistrado en un tribunal destinado a enjuiciar a aforados, entre los que podrían estar compañeros suyos del mismo partido.

Para el comité nacional de esta asociación, es «dudoso» que Mediavilla cumpla los requisitos para ocupar el puesto si se atiende a la doctrina del Tribunal Supremo a raíz de una sentencia de junio de 1994 sobre el caso del magistrado Eligio Hernández. El Tribunal Supremo fijó en 1994, con el fallo que anuló el nombramiento de Eligio Hernández como fiscal general, que los años de ejercicio profesional tienen que ser «efectivos», descontadas excedencias o servicios especiales. La ASFV cree que pasar directamente de la política a la judicatura supone una «distorsión» del sistema que afecta a la credibilidad del Estado de Derecho y provocará el «lógico asombro» de los ciudadanos. La asociación pide al CGPJ, que podría pronunciarse en abril, que ejerza su labor constitucional y controle que cualquier candidato cumpla estrictamente con los requisitos previstos en la ley.