USO denuncia al Ayuntamiento por incumplir la ley de protección de datos

El sindicato USO ha denunciado ante la Agencia de Protección de Datos al Ayuntamiento de Torrelavega por presuntos incumplimientos de la ley en materia de videovigilancia en el Centro de Promoción e Innovación Tecnológica, dependiente del Consistorio municipal. El sindicato asegura que hace casi dos meses, en una reunión de la Mesa General de Negociación, solicitó información sobre las videocámaras instaladas en ésa y otras dependencias con el fin de conocer una serie de interrogantes. Entre ellos, quién ha solicitado su instalación, con qué fines y por qué no se ha informado a los trabajadores y sus representantes.

Interrogantes

USO quiere saber también quién es el responsable del sistema de videovigilancia y de los ficheros de grabaciones, el motivo de la ausencia de información advirtiendo de que se entra en un edificio videovigilado y si se dispone de autorización o aprobación de la Agencia Española de Protección de Datos para la instalación de este tipo de cámaras.

«Ante la indiferencia, falta de colaboración y ausencia de información por parte del Gobierno socialista en el Ayuntamiento, por otra parte habitual con esta sección sindical, nos vemos obligados a denunciar la situación ante el organismo correspondiente, con el fin de regularizar y legalizar la situación», aseguran desde la sección sindical de USO en el Consistorio municipal. El sindicato deja claro que no critica la instalación de estas cámaras en las dependencias municipales, «seguro que necesarias en muchas de ellas», pero afirma que «no puede tolerar que se vulneren los derechos de los trabajadores, realizándose a sus espaldas y a las de los ciudadanos que acceden a las mismas». Por último, el sindicato anuncia que seguirá denunciando «cuantas irregularidades en esta u otras materias y en esta u otras dependencias detectemos en la defensa de los derechos de los empleados municipales del Ayuntamiento de Torrelavega».

Petición de ACPT

Sobre esta asunto, la portavoz de ACPT, Esther García, pidió la semana pasada información para conocer desde qué instancia municipal se ha solicitado la instalación de las videocámaras y con qué fines. García asegura que tampoco se ha advertido a los ciudadanos de que «acceden a un edificio videovigilado» y no ha sido instalado un cartel que «informe de la entidad y dirección donde pueden ejercer su derecho de rectificación y cancelación de datos».