El Gobierno frena la tramitación de los parques eólicos al carecer del nuevo Plan Energético

El Gobierno de Cantabria ha paralizado la tramitación de las declaraciones ambientales de todos los parques eólicos programados por carecer de un nuevo Plan Energético que dé cobertura legal a los mismos. La decisión de frenar el desarrollo del Plan se adopta sobre la base de un informe de los Servicios Jurídicos del propio Ejecutivo regional, en el que se subraya que todavía está en vigor el Plan Energético (Plenercán 2006-2011) que sólo contempla la adjudicación de una potencia de 300 megavatios y no los 1.336 que finalmente se asignaron, por lo que los proyectos para los que se reclaman informes ambientales carecen de amparo legal.

Mientras las organizaciones ecologistas y la plataforma CORE consideraron ayer un «éxito y un triunfo» que refrenda sus tesis la paralización de los análisis de declaración ambiental, fuentes oficiales del Ejecutivo quitaron hierro a la misma y subrayaron que «no cambian los tiempos ni la hoja de ruta, el procedimiento sigue su curso y todos los adjudicatarios están al corriente de los hechos y de acuerdo con el proceso».

El nuevo Plan Energético que fija el desarrollo de la energía renovable hasta 2020, ya está prácticamente redactado y el Gobierno regional tiene previsto someterlo a información pública en la primera quincena de mayo. En cualquier caso, la nueva normativa energética no podrá ser aprobada hasta la constitución del nuevo Parlamento que surja tras los comicios del 22 de mayo, por lo que el desarrollo de los futuros parques eólicos en las siete zonas asignadas se dilatará en el tiempo, extremo que ayer no reconoció el Ejecutivo. El frenazo al estudio medio ambiental de los proyectos toma su base en las «salvedades» al desarrollo eólico que su día impuso la propia Administración regional, de la mano de la Consejería de Presidencia, dirigida por el regionalista Vicente Mediavilla. Unos condicionantes que fueron interpretados como la plasmación evidente de las reticencias de los regionalistas a la tramitación del plan, promovido fundamentalmente por el sector socialista del Gabinete.

Precisamente la imposibilidad de que se evalúe el impacto ambiental de cada uno de los proyectos de parques eólicos dimana de un informe emitido el pasado 11 de marzo por la Dirección General de Servicios Jurídicos. Ante una petición formulada por 'Eólica de Innovación y Energía' (sociedad conformada por Jealsa Rianxeira y Biogas, uno de los adjudicatarios eólicos) para someter a evaluación ambiental «el proyecto eólico constructivo de parque eólico Capecán», la dirección Jurídica anuncia la imposibilidad de la misma en base al cumplimiento de las directivas europeas (de 27 de junio de 2001). Se explica que la normativa legal obliga a someter previamente a evaluación el Plan Energético regional (el todo) y sólo después los proyectos individuales. Se añade que el nuevo Plan está en fase de redacción, por lo que en la actualidad está vigente el anterior Plenercán (2006-2011), en el que no tiene cabida el proyecto de parque presentado por la sociedad adjudicataria. La Dirección General Jurídica refiere de forma taxativa que «es preciso tramitar y resolver primero la evaluación del plan (futuro Plenercán) y sólo posteriormente podrá tramitarse la de los correspondientes proyectos». De no seguir ese procedimiento, se entiende que «se podría burlar la finalidad de la evaluación estratégica que se propone proporcionar una visión general y de conjunto, frente a la evaluación de proyectos que se centra en el análisis aislado de las repercusiones ambientales de un concreto parque eólico». Se añade que en las técnicas de evaluación ambiental existe «una relación de escalonamiento o concreción sucesiva» que «impide adelantar la tramitación de unas evaluaciones (la de los proyectos) entretanto no se haya realizado la más amplia o general, es decir, la evaluación estratégica del Plan».

Con arreglo a ese informe, el director general de Medio Ambiente, Javier García Oliva, denegó con fecha 14 de abril la autorización de tramitación del impacto ambiental del primer parque eólico promovido por uno de los siete adjudicatarios del polémico concurso de energía renovable.

El criterio de los servicios jurídicos de la Administración regional guarda cierto paralelismo con los argumentos esgrimidos en su día por la oficina del Defensor del Pueblo que advirtió que repartir las zonas eólicas y tramitar los parques sin reformar previamente el Plenercán «supone actuar en orden inverso a los que indica la lógica» lo que podría suponer una vulneración de la legalidad.

Javier García-Oliva negó ayer que su decisión suponga alterar el proceso de implantación eólica previsto y calificó de «falso» que en su momento «no se vaya a proceder a una evaluación conjunta del impacto» de los futuros parques. Según su reflexión, Medio Ambiente se ha limitado a indicar que conforme al Plenercán vigente algunos proyectos ya presentados no están recogidos en el mismo « y deberán esperar a que concluya la evaluación ambiental del nuevo Plenercán 2012-2020» en el que se recogerán «los objetivos de potencia eólica y las áreas prioritarias de implantación».

Denegado el recurso de Arca

Frente a la «adversidad» de la paralización, el Gobierno de Cantabria se llevó ayer una «alegría» también vinculada al Plan Eólico. En esta caso llegó de la mano de la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que ha ratificado el rechazo de la paralización cautelar del concurso de asignación de zonas eólicas que en su día planteó la asociación ecologista Arca en 2010. Sin entrar en el análisis del fondo de los hechos, recuerda que la decisión adoptada «podría predicarse del Decreto 19/2009 de 12 de marzo por el que se regula la instalación de parques eólicos en Cantabria, el cual no ha sido impugnado, ni siquiera de forma indirecta». En su fallo, la sala del TSJC explica que si bien falta la aprobación de evaluación ambiental «que pudiera resultar necesaria», esa carencia no puede dirimirse ahora. Además mantiene que no existen daños irreparables.