La acusación popular pide a Acayro que impute a Mediavilla por prevaricación

El partido político La Unión, personado como acusación popular en varios de los casos que instruye el juez Acayro, solicitó ayer al magistrado que llame a declarar como imputado al consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Vicente Mediavilla, por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la aprobación del plan parcial de Santa Catalina (SUP-4).

Hace unos meses, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) declaró nulo el proyecto de reparcelación de este área de Castro Urdiales.

Según La Unión, de las diligencias practicadas hasta el momento puede establecerse como acreditado que el Plan Parcial de Santa Catalina) se ha aprobado con «ilegalidades flagrantes, sin pasar por una estimación de impacto ambiental, con extraordinarias facilidades por parte del Ayuntamiento y por un procedimiento acelerado que pretendía evitar que a esos terrenos se les aplicaran las previsiones del Plan de Ordenación del Litoral (POL), que hubieran obligado a destinar más suelo a vivienda social».

La acusación popular solicita la imputación de Mediavilla porque «existe vinculo familiar con Salvador Albiñana -administrador de la promotora de ese plan parcial, que habría obtenido un beneficio de seis millones de euros con la operación- y debió abstenerse de la tramitación del expediente de Santa Catalina». Pero «no lo hizo».

Presidía la Crotu

La Unión recuerda que Mediavilla, que no quiso hacer ninguna declaración en el día de ayer, era el máximo responsable de la Crotu, órgano superior administrativo encargado de velar por la legalidad urbanística, y «no paró la tramitación del plan parcial, pese a ser manifiestamente ilegal, y pese a tener conocimiento de esta ilegalidad su familiar-promotor».

Además, señala que el consejero presidió la reunión en la que se aprueba de manera provisional y definitiva el Plan del SUP4, «dando por buena un fórmula jurídica imposible, consistente en convalidar un acto nulo mediante la aprobación definitiva del Plan Parcial pese a advertirse, en la ponencia técnica, la falta de la estimación de impacto ambiental».

En su escrito, la acusación popular también solicita que se cite a declarar en calidad de imputados a Salvador Albiñana y José Luis Mazón, «como intermediarios en la compra de terrenos y cooperadores necesarios en el delito de prevaricación», y la imputación para los ediles que aprobaron el Plan parcial y para el funcionario Pablo Arroyuelos y el registrador de la Propiedad que inscribió el Plan Parcial.

Un Lexus de 52.844 euros

Esta es la segunda vez que se intenta vincular al consejero Mediavilla con esa operación de Santa Catalina. La primera ocurrió hace cuatro años, antes de las anteriores elecciones, cuando el PP pidió al consejero que diera explicaciones por los «negocios urbanísticos» de su pariente en Castro Urdiales y la adquisición de un coche Lexus por 52.844 euros. En aquel momento, el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), solicitó a la Fiscalía que investigara su actuación.