El Constitucional permite a Bildu estar en la elecciones

Se cumplió el guión. La profecía que desde hace meses circulaba entre los partidos políticos vascos se hizo realidad anoche: el Constitucional enmendó por segunda vez la plana al Supremo -la anterior fue en 2009 con Iniciativa Internacionalista- y acordó que Bildu esté en las elecciones del próximo 22 de mayo. La decisión se conoció al filo de la medianoche, después de una intensa jornada de deliberaciones y vaivenes judiciales.

Tuvo que ser el Pleno del tribunal, integrado por once magistrados, el que suscribiera la resolución. Y como en el Supremo, la división prevaleció, aunque a la inversa. Seis magistrados dieron el 'sí' a Bildu frente a los otros cinco que abogaban por cerrar las puertas de las elecciones a la coalición. La fractura podría haber sido mayor. Desde 2008 el Pleno tiene una de sus plazas vacantes por el fallecimiento del conservador Roberto García-Calvo. PP y PSOE no se han puesto de acuerdo para cubrir esa plaza porque ambos partidos creen que deben protagonizar su designación. En este escenario, la mayoría progresista de la más alta institución judicial española desniveló la balanza en favor de la alianza que integran EA, Alternatiba e independientes de la izquierda abertzale tradicional, que podrá presentar las 258 listas que habían sido anuladas por la Sala del 61.

La decisión volvió a evidenciar, no obstante, la división en bloques que caracteriza en los últimos años a la alta judicatura del país. Mientras los magistrados designados a propuesta del PSOE consideran que Bildu no es un proyecto diseñado por ETA y que tampoco se trata de un intento de Batasuna de sortear su ilegalización. Todo lo contrario que los cuatro jueces del Constitucional nombrados con el respaldo del PP, que entienden que los terroristas han auspiciado esta coalición y han establecido, incluso, el reparto de puestos en las listas electorales.

La fractura que la izquierda abertzale ha conseguido provocar en la élite judicial española quedó de manifiesto desde primera hora de la mañana. Los seis magistrados de la Sala Segunda del Constitucional que, por turno, estaban elegidos para dirimir este asunto constataron desde el primer minuto que no tenían ninguna posibilidad de llegar a un consenso. El primer ponente de la sentencia, Francisco José Hernando, presentó una propuesta por la que abogaba por ratificar la decisión del Supremo y cerrar las puertas de las urnas a Bildu. Una postura que respaldaron los dos compañeros del sector conservador, Ramón Rodríguez Arribas y Francisco Pérez de los Cobos. En la orilla contraria se situaron los otros tres representantes de la Sala. Todos progresistas. Eugeni Gay, vicepresidente del TC, Elisa Pérez Vera y Luis Ignacio Ortega discreparon abiertamente. Para ellos la coalición debía ser declarada legal. Unos y otros mostraron a las claras que sus posiciones eran inamovibles. Tanto que decidieron resolver sobre otras impugnaciones e irse a comer para reflexionar.

Nada cambió tras la sobremesa. Había empate a tres. Gay, que presidía la Sala optó por la salida más cómoda: convocar al Pleno y que se sumaran a la votación los cinco componentes de la Sala Primera -debían ser seis pero desde 2008 hay una plaza vacante tras el fallecimiento del conservador Roberto García-Calvo-.

La nueva deliberación comenzó a las ocho y media de la tarde y también desde el primer instante se vio claro que Bildu tenía todas las papeletas de obtener una sentencia favorable a sus intereses.

El bloque progresista seguía con la misma sintonía y entendía que las pruebas aportadas por la Fiscalía y Abogacía General del Estado no tenían «suficiente entidad» como para restringir el derecho fundamental a la participación política. La discusión se alargó, sin embargo, al plantear dos de los magistrados la posibilidad de analizar una a una las candidaturas anuladas y dirimir cuáles debían pasar la criba y cuáles no. Una opción por la que ya se había decantado el presidente de la Sala del Contencioso-Administrativo del Supremo, José Manuel Sieira, y que hace unos meses era la preferida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ocho años de ilegalización

Sobre el tribunal pesó en buena manera que la anulación de listas no sólo deja fuera del juego democrático a ciudadanos cercanos a la izquierda abertzale tradicional, sino también a dos partidos de larga trayectoria democrática y opuestos a la violencia de ETA como Eusko Alkartasuna y Alternatiba, escisión de Ezker Batua. Dos formaciones, además, que en las últimas tres décadas han ocupado puestos de poder, acatando la legalidad vigente. La resolución del Constitucional posibilita que la izquierda abertzale esté presente en los comicios, en unas condiciones similares a las que tuvo antes de la ilegalización de Batasuna en 2003. Hace cuatro años, Acción Nacionalista Vasca solo pudo presentar 122 candidaturas, después de que los tribunales anularan la otra mitad de sus planchas electorales. Se abre así un escenario nuevo, desconocido desde hace ocho años.

La decisión de ayer también tiene una proyección a más largo plazo. La autorización de las listas de Bildu hace prever que Sortu, la formación que la izquierda abertzale presentó en febrero y al que el Supremo no dejó inscribir en el registro de partidos del Ministerio del Interior por el exiguo margen de nueve votos contra siete, será legalizada en breve. El Constitucional tendrá que revisar ese procedimiento en los próximos meses. El alto tribunal no ha visto este caso antes de las elecciones porque la Fiscalía no siguió un procedimiento electoral -lo que hubiera provocado una resolución antes del inicio de la campaña-. El Ministerio Público optó por activar otra vía procesal, la de vulneración de la sentencia que había ilegalizado a Batasuna en 2003. Un camino más largo y que, como se ha visto, no daba margen al Constitucional para dirimir antes del 22 de mayo. Con Bildu en el tablero electoral, todo indica de que Sortu, con unos estatutos que se ajustan a la ley de partidos, será también aceptada.