«El turismo y la construcción son prioritarios»

-Uno de los aspectos que más ha influido en el resultado electoral ha sido el desempleo, que en Cantabria afecta a más de 46.000 personas. ¿Qué capacidad tiene el Gobierno de reducir esa cifra?

-Hay que buscar la suma del esfuerzo de todos con el desarrollo de políticas que vayan en la misma dirección. Desde todas las administraciones se pueden hacer aportaciones para mejorar la situación. Los ayuntamientos apenas tienen competencias, pero pueden facilitar suelo para que se asienten las empresas, colaborando en acciones sectoriales y poniendo en marcha iniciativas singulares de empleo. Desde el Gobierno regional sí tendremos mayor capacidad para crear la confianza que necesita el empresariado y para darles normas más ágiles que den respuesta a sus demandas de tramitación de expedientes. También podemos incentivar a las empresas económicamente con medidas fiscales de creación y mantenimiento de empleo. El Estado, por su lado, tiene otras competencias mayores, y se trata de que todas estén en sintonía.

-Ha calculado en 800 millones de euros la cifra que Cantabria necesita de inversión privada para impulsar su economía. ¿Será suficiente?

-Si sumamos 800 millones de euros anuales del sector privado a la poca capacidad de inversión que van a tener el Gobierno y los ayuntamientos, Cantabria puede recuperar empleo. Para eso hay que crear otro clima, otro ambiente de optimismo y, por encima de todo, aportar seguridad jurídica en los ámbitos en los que las empresas quieran invertir. Por ejemplo, el de la ordenación del territorio y urbanismo, energía, medio ambiente... E incentivar no sólo con declaraciones y un buen clima y mucha disposición de trabajo, sino también con medidas de carácter fiscal que demuestren que el Gobierno se implica.

-¿Hay algún otro sector que considere prioritario para dar un vuelco a la situación actual?

-Sí, el sector turístico es para nosotros muy importante y también el primario, al que no se le ha mirado en los últimos años. Las cooperativas han sido las que han tomado el protagonismo y las que han sentado a las distribuidoras y al Gobierno en una mesa. Revilla sólo ha sido comentarista de la situación, yo me responsabilizaré de ella. El Ejecutivo le negó al sector un dinero que se le pidió sin dar razones, pero nosotros ya le hemos explicado nuestro programa y nos reuniremos.

-¿Serán necesarias reformas legislativas para reactivar alguno de estos sectores?

-Sí, y no puedo demorarlas. Quiero reactivar el sector de la construcción y lo digo sin ningún complejo, consciente de que la paralización de ese motor económico ha generado muchísimos desempleados. Quiero hacer normas claras, una legislación lo más concreta posible que aporte seguridad jurídica y la mayor satisfacción generalizada. También quiero reactivar la ley que permite construir viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, con unas normas rigurosísimas y estrictas pero generales para todos los municipios y que puedan ser de aplicación. Hay que reformar la Ley del Suelo para generar dinámicas de tramitación garantistas y ágiles.

-El anterior Ejecutivo regional ideó un plan para intentar liberar el stock de viviendas sin vender. ¿Insistirá en él?

-Ese plan era un fracaso estrepitoso, y el resultado lo avala. Habrá que reunirse con los agentes del sector para buscar otras fórmulas. En un periodo como éste, una herramienta útil puede ser la vivienda de protección oficial. Es interesante para las empresas del sector de la construcción, y si hay promotores que también quieran sumarse a esta fórmula se lo facilitaremos desde la gestión del suelo. Durante la pasada legislatura, los únicos ayuntamientos que han construido VPO han sido los gobernados por el PP, que con iniciativa propia y exclusiva han llevado al Gobierno a poner la firma a proyectos de viviendas sociales en suelos gestionados por los municipios. Si conseguimos asentar gobiernos municipales importantes del PP, podremos llevar adelante el modelo que hemos repetido muchas veces en el Parlamento y que se ha demostrado eficaz en esos ayuntamientos.

-Y mientras tanto hay más de 600 viviendas con sentencia de derribo. ¿Cómo se puede solucionar?

-O mucho me equivoco o los cántabros somos incapaces de asumir, por falta de recursos económicos, el coste de los derribos de las más de 600 viviendas. Soy la persona más respetuosa con las decisiones de la Justicia, pero necesito que el Parlamento y los jueces encontremos una fórmula que permita darle una salida a esta situación, y que esa solución no pase por derribar e indemnizar previamente, que es lo que hemos aprobado en el Parlamento.

-Pero justamente esa medida es la que acaba de aprobarse en el Parlamento. Si era inviable y se sabía que no iba a haber dinero, ¿por qué no se paró?

-La labor de los jueces es aplicar las leyes. Yo sólo soy un ingenierito y de leyes entiendo poco, sólo lo que he tenido que aprender en el ejercicio de la política, pero creo que si una ley no es eficaz hay que hacer otra que sí resuelva el problema. El coste de las indemnizaciones por derribos está cifrado en torno a 200 o 300 millones de euros. Para hacernos una idea de lo que supone ese dinero sólo hay que fijarse en Valdecilla. La tercera fase, que es una necesidad imperiosa en Cantabria, cuesta alrededor de 150 millones. También nos hace falta construir tres centros de salud urgentes y colegios e institutos. Si no tenemos dinero para Valdecilla y para estas obras, ¿vamos a tenerlo para demoler casas? El sentido común me dice que es necesario encontrar fórmulas que sean aplicables por los jueces y que puedan llevar a que Cantabria no se hunda más en una situación económica desesperada si tenemos que pagar derribos.

-¿En qué consisten esas fórmulas?

-Las mismas que nosotros quisimos llevar como alternativa a la de PSOE-PRC que, finalmente, fue la que se aprobó. Creíamos que esa no resolvía el problema, pero no queríamos ser un obstáculo en un tema tan trascendente, así que en un ejercicio de responsabilidad, lo apoyamos. Ahora sólo pido a la oposición correspondencia en su actitud. Espero su apoyo cuando llevemos una ley al Parlamento que creamos que sea una herramienta capaz de solucionar el problema.

-¿Se pueden seguir los mismos pasos con los afectados por la Ley de Costas y Montes?

-La modificación de la Ley de Costas que hemos planteado es la solución, ningún afectado nos ha dicho que sea mala. Pero sólo resuelve el problema de las concesiones administrativas, no el de las propiedades. Nos parecía demasiado ambicioso y atrevido abordar los dos a la vez, por eso nos centramos primero en el que afecta al empleo y a las empresas. La Ley de Costas es absolutamente aprobatoria, no expropiadora. Te quita sin reconocerte ningún derecho. Tienes una propiedad registrada y viene un equipo técnico y determina que eso es de todos los españoles. Y te dice en 2018 recojas tus cosas para irte. Los afectados compraron el terreno, pagaron con sus ahorros, construyeron y, a cambio, sólo le dan prisa para que se marche. no me gusta que el Estado pueda apropiarse de los bienes de los ciudadanos sin indemnizarles.