El alcalde descarta privatizar la residencia municipal

Las monjas, los trabajadores y los ancianos de la Residencia Municipal de Castro Urdiales pueden estar tranquilos. El nuevo alcalde, Iván González, no tiene intención alguna de privatizar las instalaciones, una propuesta que partió del anterior equipo de gobierno, después de que el Ejecutivo regional alertara de la existencia de deficiencias estructurales y funcionales en el edificio.

En concreto, planteaban la posibilidad de ceder a una empresa privada un terreno propiedad de la residencia para que construyera y gestionara (en concesión) un nuevo edificio al que trasladar a los residentes. Consideraban que ejecutar las obras de mejora era «muy difícil», al tiempo que entendían que la capacidad de las actuales instalaciones se reduciría y que eso obligaría a disminuir también el número de plazas.

Sin embargo, el nuevo equipo de gobierno afronta el problema con optimismo. De hecho, maneja varias alternativas para regularizar la situación entre las que no se encuentra la privatización, que «ha quedado en el olvido». Así lo aseguró el regidor castreño, que esta semana se reunirá con varios arquitectos a los que el Ayuntamiento ha solicitado proyectos de rehabilitación que no obliguen a realizar ningún traslado de ancianos, ni siquiera temporal. «No queremos que ningún residente tenga que moverse de Castro Urdiales. Los reubicaremos como podamos dentro del edificio, adaptándonos a sus posibilidades mientras duren las obras».

Unas obras que deberán aumentar el tamaño de algunas habitaciones y baños y dotar a la residencia de determinadas áreas (rehabilitación, por ejemplo) que la normativa obliga a habilitar en espacios de este tipo en los que se da servicio a personas mayores con diferentes grados de dependencia.

Y es que, la Consejería de Asuntos Sociales observó que algunas de las habitaciones y varios baños no contaban con las medidas mínimas establecidas, especialmente los espacios con dos camas. Con todo, el pasado mes de marzo se dio al Ayuntamiento un plazo de dos años para adaptar el edificio a la normativa con la advertencia de que, de no hacerlo, se procedería a la retirada de las cerca de 25 plazas concertadas con el Gobierno regional.

Manifestaciones

Cientos de castreños se unieron a los trabajadores de la residencia el pasado mes de marzo, para encabezar varias protestas en la Plaza del Ayuntamiento y a las puertas de la residencia municipal. Pedían la no privatización de las instalaciones y exigían que no se cambiaran los estatutos del organismo.

Sus quejas han servido para que se descarte la idea de que una empresa construya y gestione un nuevo edificio, pero nada han conseguido al respecto del cambio de estatutos.

El pasado 18 de abril, el Pleno de Castro Urdiales acordó por mayoría modificar esos estatutos, pese a las protestas vecinales, lo que implica que el párroco de Castro y las monjas que allí residen ya no podrán votar los asuntos que afecten al Santo Hospital, siendo únicamente el equipo de gobierno el que tome cualquier decisión.

Hasta ese momento, la Junta de Gobierno de la residencia estaba compuesta por el alcalde del municipio, la concejal de Asuntos Sociales, el cura, las monjas y representantes de varios colectivos castreños, entre ellos, Cruz Roja y Mujeres Atalaya, que tenían voz y voto en la toma de cualquier decisión. Ahora, la última palabra en los asuntos que competan a la residencia, la tendrá el equipo de gobierno.