Acayro muestra su «profundo malestar» a Tolosa por la anulación del juicio de 'Trapur'

Al magistrado castreño Luis Acayro Sánchez no le ha sentado nada bien que la Audiencia Provincial haya declarado nulo el juicio sobre el 'caso Trapur' por «limitar los derechos de defensa de la acusada Elisa Dopico, exconcejal de Castro».

Hasta tal punto llega el descontento del instructor, que el pasado 22 de junio, un día después de hacerse pública la nulidad del juicio, remitió una carta al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa, en la que mostraba «su profundo malestar» por las conclusiones a las que había llegado el magistrado de la Audiencia Provincial, José Luis López del Moral, en el auto en el que acordaba suspender las actuaciones por varios errores 'de procedimiento'.

Acayro recuerda a Tolosa en su carta, a la que ha tenido acceso EL DIARIO MONTAÑÉS, que está «soportando el ser continuamente denunciado (llevo acumuladas en el Consejo General del Poder Judicial casi veinte denuncias en el último año) y difamado en el desempeño de mi actuación profesional, por las supuestas mayores aberraciones procesales que se hayan podido cometer, así como a ser objeto de seguimientos en mi vida personal».

Por esta razón, el instructor Luis Acayro Sánchez cree que, teniendo en cuenta que las conclusiones «de un compañero» (el magistrado de la Audiencia, José Luis López del Moral) «no se ajustan a la realidad, ni a derecho» y que la apreciación de 'su superior' es «manifiestamente errónea», da traslado de su «profundo malestar» a los efectos de que sus quejas «puedan ser reconsideradas».

En dicha misiva, Acayro asegura, en el primer párrafo, que no pretende «trasladar responsabilidades», pero el pasado 21 de junio (día en que se declaró nulo el juicio de Trapur) «se han producido una serie de manifestaciones públicas» que entiende «desconsideradas» hacia su persona por «injustificadas y no ajustadas a la realidad».

Las conclusiones

El instructor se refiere a algunas de las conclusiones de la Audiencia para declarar nulas las actuaciones. En concreto, la que dice que el Tribunal ha tenido que «tomar la penosa decisión» de declarar la nulidad parcial de lo actuado en relación a Dopico porque, durante el procedimiento, el juez (Luis Acayro Sánchez) no le facilitó la documentación del caso «limitando los derechos de defensa» de la acusada «cuando, pese a haberlo pedido expresamente, el juez de instrucción no le dio traslado de las actuaciones originales o mediante fotocopia, incumpliendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal».

Según Acayro, «estas manifestaciones (del magistrado de la Audiencia) no se ajustan a la realidad ni, con todos los respetos, a derecho, lo que es determinante para apreciar que son desconsideradas hacia mi actuación profesional». El instructor dice que no se ajustan a la realidad «porque en el relato de los hechos -López del Moral- ha omitido la providencia de 18 de noviembre de 2010». Una providencia que Acayro adjunta en su carta a Tolosa, y en la que él mismo «requiere a la acusación popular para que en el plazo de ocho días presente fianza por importe de 3.000 euros con indicación de que de no hacerlo será apartada de la causa». El instructor lo tiene muy claro: «Impulsé el procedimiento adecuadamente».

«No intervine»

Pero no quedan ahí sus quejas. Acayro también hace mención en su misiva al presidente del TSJC al artículo 784 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, «supuestamente infringido por mí». Un artículo en el que se recoge que, «abierto el juicio oral, el secretario judicial emplazará al imputado, con entrega de copia de los escritos de acusación, para que en el plazo de tres días comparezca en la causa con abogado que le defienda y procurador que le represente (...)».

Según el instructor, es un trámite en el que «ni he intervenido ni la Ley prevé que intervenga», sin perjuicio de que considera que la actuación de la secretaria judicial «ha sido totalmente ajustada a Derecho, ya que se requirió (al abogado de Dopico, Diego Sarabia) el 26 de enero de 2010 y, pasado el plazo, pero para mayores garantías, se le hizo un segundo requerimiento, momento en el que alegó falta de traslado, a pesar de compartir procuradora, como hace constar la secretaria judicial».