Justicia arrastra un desfase de un millón anual por «negociar mal» las transferencias

La mala negociación de las transferencias de Justicia, que Cantabria asumió en 2008, pesa como una losa en las finanzas de la comunidad autónoma. El Gobierno que presidía Miguel Ángel Revilla «no hizo bien las cuentas» y la consecuencia es que la Administración de Justicia arrastra un desfase de un millón de euros anual en sus presupuestos.

A la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, le han bastado 67 días para bucear hasta el fondo en la situación económica de la Dirección General de Justicia y advertir que el consejero saliente, Vicente Mediavilla, cuantificó de manera «incorrecta» los gastos de personal en la negociación del traspaso de las competencias a la comunidad autónoma. Según denunció ayer Díaz en su primera comparecencia parlamentaria, el exconsejero (Vicente Mediavilla) no tuvo en cuenta el coste de la homogeneización de salarios del personal transferido con los del resto de las empleados públicos de la Administración regional, lo que ha provocado ese desfase anual que obliga al actual Gobierno a hacer «equilibrios» financieros.

La consejera arrojó el desajuste a la cara de la oposición cuando regionalistas y socialistas le pidieron explicaciones por la posible devolución de competencias al Estado anunciada por el presidente Ignacio Diego. El portavoz socialista Francisco Fernández Mañanes le exigió, además, que no paralice las inversiones en justicia, en tanto la regionalista Rosa Valdés elogió la «gestión brillante» de su predecesor en el cargo.

Díaz enmarcó las declaraciones del actual presidente en el problema derivado de una transferencia mal negociada, que obligó al Gobierno anterior a aprobar unos presupuestos de Justicia «ficticios», que no recogían el coste real de las plantillas y «a mitad de año se buscaba dinero por ahí para poder pagar las nóminas». Aunque la consejera puntualizó que no acudía al Parlamento para «juzgar» al Gobierno anterior, tildó de «ineficaz» la gestión del bipartido y como ejemplo puso los 139.000 euros anuales que se gastan en taxis para notificaciones judiciales, de los que se adeudan 63.000 que «no sabemos cómo pagar», cuando el Gobierno cuenta con un parque móvil de más de 400 vehículos.

Protección Civil y deuda

Y si la oposición reclamó a la consejera que «no haya retrocesos» en Protección Civil, un área que ha experimentado una «transformación extraordinaria» en los últimos ocho años, Díaz contraatacó para asegurar que aunque es la competencia con mayor incremento económico en pasados ejercicios es también la que arroja «peores resultados de gestión de cuantas ejerce esta Consejería».

Díaz reprochó a los anteriores gobernantes que «no haya habido política de gestión de recursos humanos, ni materiales», por lo que está realizando una auditoría, que finalizará este mismo mes, de cara a valorar la eficacia y eficiencia de los medios existentes. No obstante, la consejera avanzó algunos datos llamativos, como el incremento salarial superior al 6% de los trabajadores de la empresa pública de gestión de emergencias (Semca), creada hace ocho años, a pesar de que acumula más de un millón de euros de deuda con proveedores, y de que la tasa de absentismo se sitúa en el 67%.

En materia de función pública, Díaz dijo, «con pesar», que se ha encontrado con la «creación de una Administración paralela», lo que dado lugar a múltiples procedimientos judiciales. Prometió ir corrigiendo estas «disfunciones» y respetar los principios constitucionales de «transparencia, igualdad, mérito y capacidad» en el acceso a la función pública.