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IRMA CUESTA
Viernes, 7 de octubre 2011, 10:42
Ignacio Diego no ha decidido aún si se subirá al tren de recortes que ha fletado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas (CIU), y suprimirá la paga extra de Navidad a todos los altos cargos del Gobierno. El jefe del Ejecutivo aseguró ayer que todavía no ha valorado la opción que sí están estudiando ya algunos ayuntamientos españoles y que a la Generalitat, por ejemplo, le ahorrará 1,8 millones de euros.
De momento, a la espera de saber si también se meterá la tijera a las pagas, lo que sí ha recortado el nuevo Gobierno son altos cargos. Una de las primeras decisiones de Diego al frente del Ejecutivo ha sido la reducción de los altos cargos, uno de cada tres, al pasar de cien mandos a 66.
Esa reducción permitirá un ahorro de 14 millones de euros en cuatro años a las arcas regionales, según los cálculos estimados por el Ejecutivo. En cada puesto amortizado, el Gobierno ahorrará una media de 103.000 euros al año.
En esa vorágine, el Gobierno pasó de diez consejeros, diez secretarios generales y diez jefes de gabinete a ocho en cada área, y de 39 directores generales a 32. El recorte más drástico afectó a los subdirecciones generales, que pasaron de 31 a diez.
Aquello se presentó como el principio de una larga lista de recortes que ha tenido hace sólo una semana continuidad. El Gobierno despidió a seis altos cargos de la empresa pública Cantur asegurando que amortizará cinco de ellos. Con esa medida, el consejero de Industria aseguró que el Ejecutivo ahorrará 311.000 euros al año.
¿Quiénes son?
Se consideran altos cargos en el Gobierno de Cantabria, además del presidente, los consejeros, los directores generales y los jefes de gabinete de cada uno de ellos. También es un alto cargo el interventor general, que tiene rango de director general desde el punto de vista retributivo. A ellos, en primera línea de la administración, habrían de sumarse los directores generales de las empresas públicas, un asunto que el presidente sí ha reconocido que tiene pendiente. A todos ellos afectaría una medida como la aprobada por el Gobierno Catalán; un alivio económico anecdótico a tenor de los otros problemas con los que lidia actualmente el Ejecutivo que dirige Artur Mas.
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