Justicia tardará tres años en saldar su deuda con Telefónica

El pasado 14 de julio, la Dirección General de Justicia de Cantabria recibió un burofax y una carta de Telefónica donde la multinacional, con toda la educación del mundo, decía que ya estaba bien: «En el contexto económico actual, la situación de deterioro de sus pagos no es sostenible para Telefónica», rezaba la misiva. O dicho en román paladino, 'paguen los 1.145.115 euros con 97 céntimos que nos deben'. Y paguen ya; porque, de lo contrario, la empresa amenazaba con cortar de inmediato el servicio de voz, de terminales móviles, y de datos (las conexiones de los ordenadores entre sí y con Internet, y la conexión con los servidores del Ministerio y el Consejo General del Poder Judicial).

La reclamación era correcta, según admite la actual consejera de Presidencia y Justicia, que culpa al Gobierno anterior de no haber afrontado esos pagos en tiempo y forma. Para saldar la cuenta, el departamento que dirige Leticia Díaz ha trasladado a la compañía una propuesta que fracciona su morosidad y contempla abonos parciales hasta 2014. Necesitará tres años para devolver el débito, ya que, mientras tanto y como es lógico, la Consejería seguirá generando un gasto telefónico que también habrá de reembolsar. El mundo no se para porque tengas problemas.

En septiembre, después de recabar y actualizar todos los recibos, la deuda ajustada ascendía a 1,27 millones de euros, informa Díaz. De ellos, 241.293 correspondían a la factura de datos del año 2010; otros 72.827 euros, a la centralita; 363.328, al servicio de voz; y 7.308, a los teléfonos móviles. Aparte, de 2009 seguía pendiente la factura completa de datos, 217.313 euros más. Y a toda esa relación se sumaba el gasto generado desde enero de 2011.

Con tamaña carpeta se dirigió la consejera hasta Telefónica para, en persona, buscar una solución a un problema que descubrió al ocupar el cargo, según insiste: «El anterior director general dio orden después de las elecciones de que las facturas se quedaran sin pagar», protesta. Ya lo hizo el pasado lunes desde el estrado del Parlamento autonómico, cuando el Partido Regionalista le preguntó por posibles recortes económicos en sus competencias.

De media, Justicia gasta unos 700.000 euros anuales en su contrato con Telefónica. Para poder mantenerlo, sin engordar su endeudamiento, le ha planteado a la empresa realizar cada año un segundo ingreso aparte del ordinario, de tal forma que en cuatro anualidades la Administración quede de nuevo a cero. Así, antes de diciembre abonará 308.000 euros («todo lo que hemos conseguido reunir de lo que quedaba en caja, y lo que hemos sacado de otras partidas», relata Díaz); para continuar con otros tres despachos de 300.000, 400.000 y 270.000 euros entre 2012 y 2014, respectivamente.

Revisar todo

Sin embargo, vista la coyuntura económica, toda promesa de pago es susceptible de ser incumplida, seas ciudadano particular o Gobierno. Ayuntamientos como los de Reocín o Marina Cudeyo sudan cada día para poder tener luz en sus dependencias (el primero adeuda 300.000 euros a E.ON España) o siquiera poder limpiarlas (Marina Cudeyo apila facturas pendientes a proveedores como Eulen desde 2005). Ante ese panorama y el negro horizonte augurado para los próximos años, la Consejería intentará recortar el gasto de sus oficinas y trabajadores: «Vamos a realizar un estudio para ver cómo podemos controlarlo», avanza Díaz.

De mano, remitirá una instrucción a todo el personal del área para que cuiden sus consumos. Y también analizará qué teléfonos o qué conexiones se pueden reducir o ajustar a las necesidades reales: «Un móvil de según qué servicios puede estar 'capado', como se dice vulgarmente, para llamar solo a donde sea imprescindible». En estos tiempos, cada euro cuenta.