Los afectados por la Ley de Montes exigen al presidente «soluciones ya»

«Esto tiene que acabar. Nos piden tiempo, pero no tenemos tiempo. Queremos soluciones ya». Es el clamor unánime que expresaron ayer los más de 300 afectados por la Ley de Montes al presidente Ignacio Diego, que asistió de forma sorpresiva a la asamblea celebrada en el polideportivo de Rada.

Diego dio la cara, a pesar de que sabía que en el encuentro iba a escuchar reproches de inacción de un colectivo que reclama la «inmediata» desafectación del dominio público forestal de las parcelas, las concesiones y los consorcios. Y lo hizo arropado por las dos consejeras con competencias en el conflicto: Leticia Díaz, responsable de Presidencia y Justicia, y Blanca Martínez, de Ganadería, y por los diputados del PP Íñigo Fernández y Luis Carlos Albalá.

Su presencia en el recinto fue recibida con aplausos por los afectados, muchos de los cuales se desplazaron en autobús desde distintos municipios. No en vano, Diego ha sido el primer presidente de Gobierno que asiste a una asamblea del colectivo, que había invitado también a los representantes del PRC y PSOE. Ninguno asistió. «Será que no les interesa el tema», ironizó el portavoz de los propietarios, Javier Rugama.

La ovación inicial no allanó el camino. Diego tuvo que escuchar las reprimendas de los asistentes, que, por boca de su portavoz, le recordaron sus promesas electorales en ese mismo polideportivo, cuando se comprometió a dar solución al problema de sus propiedades. Seis meses después de aquel encuentro, los afectados expresaron sin tapujos su «malestar e indignación» con la nueva Administración, y le reclamaron que dé un «trato igualitario» para todos porque «todas las parcelas son iguales, y no «caso por caso», como defiende el presidente.

Pero sobre todo llevaron al ánimo de Diego que no pueden esperar más, que se debe dar una «solución rápida» al problema. «No es de justicia que nos tengan metidos en este embrollo un día tras otro y que esto no tenga fin», exclamó Rugama micrófono en mano ante la aquiescencia de los afectados. Y exigieron al presidente que los consorcios no salgan a subasta pública, «para que se los lleven las grandes empresas», y que se paralicen las multas basadas en la discusión de la propiedad hasta que resuelva el conflicto.

Pero si algo no tiene el presidente ahora es tiempo. El Diego más cercano y templado asomó ante los afectados para pedirles confianza y tiempo. «Confiad en mí y en la Administración», les pidió, después de recordar en varias ocasiones que tan sólo lleva tres meses en el Gobierno. Tampoco les quiso engañar y les dijo que la solución para todos que reclaman «es imposible. Lo dije en la campaña electoral y lo digo ahora, porque los problemas son distintos y requieren una solución diferente».

Su compromiso es firme. «Vamos a tratar a todos igual y a todos vamos a dar una solución, pero será caso por caso», porque no puede ser de otra manera. Diego quiso tranquilizar a los afectados y les confirmó que las multas están «todas paralizadas y seguirán así hasta que se resuelva el procedimiento de propiedad». Pero también les instó a que acudan a la oficina abierta por la Administración para regular la situación, porque hasta ahora «sólo el 10% de los 4.000 afectados lo ha hecho».