«Lleva cien días llorando», responde el PSOE a Diego ante su queja por el déficit

Ignacio Diego no dejó de sonreír ayer sobre el estrado del Parlamento regional mientras se felicitaba de sus primeros cien días de Gobierno. Ni siquiera cuando recriminó a PRC y PSOE lo complicado que se lo habían puesto: «Ustedes se gastaron cuatro de cada cinco euros del presupuesto en los seis primeros meses del año, y nos dejaron un euro para los seis meses siguientes», dijo sin descomponer el gesto satisfecho, pero señalando con el dedo índice a los dos laterales de la Cámara, donde se sienta la oposición. Le escuchaban todos los diputados, menos su predecesor en el cargo, Miguel Ángel Revilla, que minutos antes había abandonado la sala.

El prorrateo del presupuesto y su déficit le sirvieron al presidente regional para responder al PSOE, autor de la interpelación parlamentaria a través de su portavoz, Rosa Eva Díaz Tezanos. La socialista pidió que Diego explicase ante sus señorías por qué «se ha pasado cien días llorando, quejándose, lamentándose», en lugar de rematar las promesas de su folleto electoral 'Cien días para cambiar Cantabria' (ayer se cumplían 113).

La diputada admitió un cambio desde la investidura, pero para mal. Y repasó algunas de las medidas urgentes que el documento del PP pretendía finiquitar entre junio y octubre: un plan energético, la inversión en los campus universitarios de Santander y Torrelavega, el ajuste de la Ley de Costas, o un plan de reactivación ganadero y forestal. Ninguno ha salido adelante: «Cantabria se ha paralizado y ha roto la tendencia del paro durante cuatro meses», al añadir 3.000 desempleados en agosto y septiembre, añadió la también vicesecretaria del PSOE.

Diego sacó para la réplica su propia lista, la utilizada el pasado sábado en el acto de partido donde celebró sus éxitos inaugurales.

Citó la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones; el cálculo de la deuda por el Hospital Valdecilla para reclamársela al Estado; el encargo de las auditorías de las empresas y sociedades dependientes del Gobierno regional; o «el plan de austeridad, reduciendo consejerías, altos cargos, subdirecciones y demás gastos». Logros que se atribuyó, y que se han producido mientras rebajaba la morosidad de la Administración. Porque el PP encontró «más de 70.000 facturas, más de 200 y pico millones de euros» en pagos pendientes a proveedores.

En su relato, la austeridad no ha impedido el avance, y el nuevo Ejecutivo «ha puesto en pie a Cantabria y le ha dado la recuperación del orgullo regional». La relación de actuaciones impulsadas es de tal tamaño «que no me ha dado tiempo a leerla entera en los diez minutos de mi comparecencia», ilustró el presidente.

Los dos siguientes turnos demostraron una vez más que Gobierno y oposición mantienen un diálogo de sordos donde nadie guarda intención alguna de entenderse.

Por un lado, ninguno entró al fondo en la lista del otro, en esos proyectos mencionados, fueran pendientes o ya ejecutados. Y lo mismo con las valoraciones generales, con las grandes frases.

Díaz Tezanos le dijo a Diego que «Cantabria necesita que usted gobierne, pero usted se encuentra más cómodo sin tener que tomar decisiones». Y aquél respondió que «ahora hay un gobierno en Cantabria, no como antes, que había cien gobiernos. Le pongo sólo un ejemplo: la Fundación Comillas, donde miles de chinos con los ojos rasgados iban a andar por las calles, y después de decenas de miles de euros gastados, sólo hay 17 matriculados».

El vertedero de Carceña

La sesión sirvió también para que el consejero de Medio Ambiente y Urbanismo, Francisco Javier Fernández, hablase sobre la finalización del vertedero de Carceña, por el que preguntó el PSOE. Fernández indicó que el alcalde de la localidad, Santiago Mantecón, pretende negociar una mayor contraprestación económica con la empresa, Iacan, y que cuenta en dicha demanda con el apoyo de su departamento. Pero hasta ahora ha encontrado «una postura intransigente» de la concesionaria, que impide el acuerdo. No obstante, Fernández avaló el avance de la obra.

El diputado socialista Miguel Ángel Palacio, con sorna, le dio la razón: «Hay una novedad que me han comentado los vecinos: los camiones de la empresa del alcalde ya están trabajando en el vertedero con una subcontrata», aseveró, a la par que recordó la oposición del regidor a la instalación por su repercusión medioambiental.

El consejero, visiblemente enfadado, le echó en cara que utilizara algo anecdótico -a su juicio- dentro de un debate donde el trasfondo es más amplio: «Ustedes encontraron un sistema de gestión de vertidos público, y lo privatizaron. Fue una gestión calamitosa, de naturaleza monopolística, donde las tarifas ya no las fija el Gobierno, sino una empresa con criterios absolutamente privados basados en sus intereses». Lo cual, auguró, repercutirá en los costes de todas aquellas sociedades que utilicen el servicio, de por sí ajustados con la crisis.