El Gobierno no acabará de pagar el puerto de Laredo hasta 2019

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, Francisco Javier Rodríguez Argüeso afirmó ayer, durante una comparecencia en el Parlamento regional, que el Gobierno de Cantabria debe 39,8 millones de euros a bancos y entidades financieras como consecuencia de las obras del Puerto de Laredo. Asimismo, añadió que a esta cifra deben sumarse 3,6 millones más de la lonja que se está construyendo y de la que queda pendiente la urbanización de su zona de servicios, con un coste previsto de 762.568 euros para el abastecimiento, por ejemplo, de agua o luz.

Rodríguez Argüeso se refirió a este tema en el transcurso de la sesión de la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, donde recordó que, desde su inauguración a finales de la legislatura pasada, el puerto está sin abrir. «Se inauguró y no ha atracado ningún barco», declaró. La cifra total de gasto previsto, que ronda los 44 millones de euros, terminará de pagarse en 2019, según el consejero. Además, criticó las palabras del extitular de Obras Públicas, José María Mazón, quien afirmó que las obras ya estaban pagadas. «Es como si pido una hipoteca para comprar mi casa y le digo a mi madre que ya la he pagado completamente».

Durante la presente legislatura, el ejecutivo regional deberá hacer frente a un gasto anual de cinco millones de euros. Estos datos se hicieron públicos a raíz de la pregunta sobre el particular del diputado del Grupo Parlamentario Popular, Julio Cabrero Carral. El consejero, por su parte, declaró que estas cantidades de dinero suponen un «condicionamiento preocupante» para la redacción de los presupuestos.

La obra no ha cubierto las expectativas que llevaron al anterior ejecutivo a realizar una inversión de 90 millones de euros en los años anteriores a una crisis económica que ha desplegado sus efectos negativos sobre su construcción. Así, desde que el expresidente Miguel Ángel Revilla descubriera la placa conmemorativa del nuevo puerto el pasado 26 de marzo, ningún barco ha atracado en las nuevas instalaciones, que fueron concebidas para hacer frente a la demanda de un sector golpeado por la actual coyuntura económica.

Viviendas en Udías

Asimismo, el PRC hizo ayer públicas sus sospechas sobre la actitud del Ayuntamiento de Udías que, según los regionalistas, querría regularizar la construcción de 44 viviendas en los núcleos de Canales y La Hayuela, de las que piensan que podrían ser ilegales por no respetar la distancia respecto a la antigua carretera autonómica. La diputada del PRC Matilde Ruiz, quien sustituía al exconsejero José María Mazón, afirmó que el asunto ha provocado un «rosario de denuncias». Ayer, este caso llegó al Parlamento de Cantabria, donde el Grupo Regionalista presentó una serie de preguntas a las que respondió el consejero de Obras Públicas y Vivienda. Ruiz recordó que la anterior Consejería emitió informes contra la licencia de este proyecto y recurrió contra la delimitación geográfica; a lo que el actual titular le recordó que Mazón también pidió la paralización de las obras, rechazada por los tribunales, pero se preguntó por qué entonces no se recurrió también contra esa licencia.