Tolosa exige para Justicia el mismo presupuesto que para Sanidad o Educación

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, César Tolosa, aprovechó ayer el acto de apertura del Año Judicial para lanzar su discurso más reivindicativo y reclamar a los poderes públicos que «alejen a la Justicia del debate político partidario» y busquen un «compromiso general» y el «consenso» para dar solución a los «graves problemas estructurales, personales y presupuestarios» que aquejan a este «servicio esencial del Estado».

Ante las principales autoridades de la región, con el presidente Ignacio Diego a la cabeza, y las dos vocales del Poder Judicial para Cantabria, Margarita Uría y Gema Gallego, y también ante sus colegas, los jueces, el máximo responsable del Poder Judicial en Cantabria defendió de forma firme el papel de la Justicia como «servicio público esencial» y, como tal, exigió que reciba el mismo tratamiento presupuestario que «otros servicios indispensables para el ciudadano», equiparándolo así a la Sanidad, la Educación y las prestaciones sociales.

A su juicio, «resulta difícilmente comprensible que los poderes públicos no doten a la Justicia de los recursos económicos necesarios y la coloquen al nivel de los que disponen otras administraciones públicas». Para conseguir que la Justicia deje de ser la hermana pobre y sea elevada a ese rango de servicio esencial del Estado que demanda Tolosa, el único camino posible es el del «consenso» y el «compromiso general» que permita, «en plazos razonables», solucionar los «graves problemas» en este ámbito.

No fue ajeno Tolosa a las «dificultades» de la actual coyuntura económica, que sobrevolaron en su discurso institucional, pero cree que no deben suponer un «obstáculo» en la puesta en marcha de medidas que «necesariamente tienen que tener un desarrollo a largo plazo».

Sí al 'copago'

Tolosa defendió también que se establezca un sistema de 'copago' por acudir a la Justicia, imponiendo una tasa por hacer uso del aparato judicial en los procedimientos civiles, contenciosos administrativos y laborales que deberían pagar quienes pierdan un caso.

Eso sí, sin perjuicio de quienes tienen derecho a la justicia gratuita, que estarían eximidos de pagar esta tasa. El presidente del TSJC, que no pertenece a ninguna asociación judicial, se muestra así en sintonía con la postura defendida por la conservadora y mayoritaria, Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que cree que el 'copago' reduciría la litigiosidad, evitaría el abuso y disminuiría el plazo de resolución de los pleitos. A su juicio, «cualquier solución debe pasar necesariamente por el respeto a un principio fundamental», que «el acceso a la tutela judicial efectiva no esté limitado o mediatizado por los recursos económicos de quien solicita su amparo» y que «el principio de igualdad de partes en el proceso, sin quiebra por motivaciones económicas, quede siempre y en todo caso garantizado para la totalidad de los ciudadanos».

Y, como un aviso a navegantes, Tolosa alertó sobre el «intento de deslegitimar las decisiones judiciales, poniendo en duda la máxima de que las sentencias deben ser objeto de ejecución», una tentación «aún más grave cuando proviene de otros poderes públicos que tratan de confrontar su propia legitimación democrática con la legitimación del poder Judicial que deriva de la Constitución».

En su opinión, «nadie puede arrogarse la decisión de acatar o no, según criterios de oportunidad política, las resoluciones judiciales firmes», y «mucho menos llamar públicamente a su incumplimiento, como ha ocurrido recientemente desde el Gobierno de una comunidad autónoma», en referencia clara, según interpretaron los asistentes, a Cataluña y las sentencias de bilingüismo.