La Ley de Dependencia se salva de los recortes

No habrá recortes sociales. El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, envió ayer un mensaje de «tranquilidad» y aseguró el mantenimiento e, incluso, el incremento «prudente» de las partidas destinadas a la aplicación de la Ley de Dependencia y los Servicios Sociales. El jefe del Ejecutivo transmitió esta «certeza y compromiso» a los representantes de la Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica Cocemfe-Cantabria, encabezados por su presidenta, Mar Arruti, con los que se reunió ayer junto a la vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga.

Diego aseguró que el problema y las consecuencias de la situación económica actual «no la van a vivir ellos», en referencia a las personas con discapacidad. En este sentido, explicó que su propia presencia en este encuentro ha sido un «gesto de cercanía, voluntad de diálogo y coordinación» con Cocemfe, cuyos objetivos, subrayó, «son los nuestros».

Ley de Costas

De otro lado, el presidente cántabro aprovechó ayer su presencia en la apertura del III Congreso Nacional del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y los Valores Catastrales para criticar la actual Ley de Costas porque «expolia» a los propietarios. Dijo que la aplicación de la normativa ha dado lugar en «muchas ocasiones» a «la ruptura» del principio de 'no confiscatoriedad', uno de los «básicos» del sistema tributario español, porque los propietarios «no son expropiados», ya que no reciben «ninguna compensación», sino que son «expoliados o confiscados».

Los propietarios, que lo eran de «manera reconocida» tanto por escrituras notariales como por registros de la propiedad, ven «confiscado» su patrimonio de «una manera arbitraria», ya que la delimitación de los espacios está hecha «con criterios técnicos pero siempre en un marco de subjetividad», y, en algunas ocasiones, «bastante injusta», valoró Diego. Por todo ello, el presidente regional espera que la Ley de Costas «sea reformada en la próxima legislatura» dada «la trascendencia» que tiene la aplicación de la misma en Cantabria de cara a 2018.