La auditoría de Cantur propone recortar plantilla y privatizar toda la hostelería

El consejero de Turismo, Eduardo Arasti, no quiso avanzar el pasado miércoles ninguna posible medida para atajar la deuda de Cantur, calculada en 17,6 millones de euros por la auditoría externa que encargó el propio Gobierno regional. Pero ese mismo informe recomienda tres soluciones al déficit: privatizar todos los servicios de hostelería que ahora gestiona la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística; reducir la plantilla en todas sus instalaciones (a excepción del Teleférico de Fuente Dé); y cambiar puestos indefinidos por eventuales allí donde sea posible. Menos gente, menos servicios directos y menos contratos sólidos.

La propuesta responde a cierta lógica, pues, como subrayó Arasti, la auditoría culpa al gasto de personal del agujero contable que arrastra la empresa pública, propietaria de diez complejos de ocio. La plantilla creció de 293 empleados en 2003 a los 430 del año pasado. En dinero, eso significa un salto de 6 a 13 millones de euros en salarios. Y en proporción, de suponer las nóminas el 44% de los ingresos, a 'comerse' un 72% de lo ganado por la sociedad cada año.

La consultora Seain ha examinado la organización laboral de cada centro y la plantilla utilizada. De mano, concluye que sobran trabajadores indefinidos por doquier, ya que «el alto grado de estacionalidad de los negocios», cuya explotación se ciñe a sus respectivas temporadas turísticas, desaconseja ese sistema. Como ejemplo, el Hotel Áliva, que abre al público del 15 de junio al 30 de septiembre y cuenta con diez empleados fijos y siete eventuales. «No parece razonable que un establecimiento que permanece abierto cuatro meses tenga su personal con contratos fijos todo el año», sentencian los auditores, reiterando la frase una docena de veces a lo largo de los 250 folios del documento.

En general, proponen «cambiar contratos fijos por discontinuos y reducciones de jornada». Y pactar las modificaciones «con cada uno de los trabajadores de forma individualizada», nunca en grupo.

Más bien al contrario: en ese ámbito, Seain aconseja al Gobierno regional «renegociar el convenio colectivo a la baja, para lo que es fundamental la implicación de los directores de las instalaciones». No en vano, se pretende abreviar los días libres que corresponden a cada festivo trabajado, las horas extras (para que «se computen como normales»), el importe de la tercera paga o el plus de absentismo (una gratificación de 400 euros por no superar diez días de baja anuales, que según Seain cobra casi todo el mundo sin supervisión).

A partir de ahí, el estudio recomienda adelgazar plantillas en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, la estación de esquí de Alto Campoo, los campos de golf de Nestares y Abra del Pas, los hoteles La Corza Blanca y el citado Áliva; en el Museo Marítimo y hasta en las oficinas centrales de Cantur. Es decir, a diestro y siniestro, excepto en Fuente Dé, donde «el personal está ajustado».

Pero en el resto, no. En algunos, caso de Cabárceno, el propio director admite tener una nómina de empleados «sobredimensionada», según recogen los consultores para reafirmarse.

Externalizar

«Los datos económicos de 2003 reflejan que una gestión con personal reducido y profesionalizado, y subcontratación externa es mucho más eficaz», subraya la auditoría, aplaudiendo de forma implícita el legado del PP, que abandonó el Gobierno regional aquel año.

La forma más rápida de prescindir de gente es prescindir directamente del servicio. Casi todas las instalaciones hosteleras de Cantur son deficitarias: los restaurantes y cafeterías de los campos de golf, de Fuente Dé, la estación de esquí y el Museo Marítimo. Se salva únicamente Cabárceno. No extraña entonces que Seain apueste por «la externalización de la hostelería» de una tacada. «En lugar de tener una serie de unidades de negocio deficitarias, se pasaría a tener un canon mensual por instalación, así como probablemente un ingreso adicional como porcentaje de las ventas», aventura, con fe en el modelo: «Podría negociarse en condiciones muy favorables», cree.

Si el Gobierno de Ignacio Diego rechaza privatizar, deberá, por este orden, «negociar el convenio colectivo intentando recortar horas extras y días festivos dobles; recortar los dos días de descanso por semana; y recortar las comidas gratuitas de todo el personal».

Este último aspecto, que los empleados coman gratis en sus centros de trabajo, supone también gasto recortable. En agosto, por ejemplo, se despacharon 1.321 comidas. A siete euros de media, suponen 9.200 euros en un mes. Demasiado. La consultora sugiere eliminar cocinas de instalaciones y «crea una cocina central, con sistemas de cocinado y envasado al vacío para menús del día». También, instaurar turnos partidos del personal para ofrecer cenas a los clientes, y controlar las existencias de cada despensa mediante inventarios ahora ausentes.

Además, y como ha incidido el Ejecutivo regional durante esta semana, el análisis recomienda finiquitar puestos de dirección, y asociar las nóminas más elevadas a la consecución de objetivos de gestión.