El lento suicidio tibetano

Palden Choetso pidió a gritos libertad y el regreso del Dalai Lama a Tíbet. La protesta de esta monja de 35 años no tendría más trascendencia si no fuera porque, siempre según organizaciones tibetanas en el exilio, lanzó sus exigencias mientras las llamas devoraban su cuerpo. Por si fuera poco, Choetso no es la única que ha decidido quemarse a lo bonzo. El jueves cerró -por el momento- una inusual avalancha en la que, desde marzo, once religiosos del polémico monasterio de Kirti -nueve hombres y dos mujeres- han tratado de inmolarse para llamar la atención sobre la erosión social y cultural que vive el 'techo del mundo'.

Seis, incluida Choetso, han muerto. No parece que China vaya a cambiar un ápice su política sobre Tíbet, pero lo que sí han conseguido es dejar en evidencia la extrema situación que vive este templo de la prefectura de Ganzi, en la provincia de Sichuan, donde las medidas de seguridad se han multiplicado y del que ha tenido que marcharse el 80% de los 2.500 monjes a los que albergaba.

Según la organización Human Rights Watch, algunos de ellos están siendo forzados a una «reeducación patriótica», a muchos se les llegó a cortar el suministro de agua y comida durante el comienzo de las protestas, y tres han sido sentenciados a penas de prisión de entre 11 y 13 años por su relación con el primer suicidio.

«El lugar se ha convertido en una cárcel», aseguró al diario 'The Telegraph' el líder de Kirti. «Los monjes viven privados de libertad, y la cultura y la religión tibetanas sufren una represión tal que muchos, por desesperación, prefieren morir a seguir con esta vida».

Ayuno extraordinario

El Gobierno tibetano en el exilio, instalado en la ciudad india de Dharamsala y liderado ahora por su primer ministro, Lobsang Sangay, considera que «la situación se está deteriorando», y ha pedido al mundo que ejerza presión sobre Pekín para que acabe con esta serie de suicidios y para que entienda que «esta política tan dura no está funcionando».

En una intervención en el Congreso de Estados Unidos, Sangay aseguró el jueves que «es hora de que la comunidad internacional se dé cuenta de la gravedad de los hechos y actúe», y pidió que se organice una comisión para investigar lo sucedido en el monasterio de Kirti. Por su parte, el líder espiritual de los tibetanos, el Dalai Lama, volvió a recurrir al ayuno como forma de protesta, una medida que no tomaba desde las revueltas que incendiaron Lhasa, la capital tibetana, en marzo de 2008.

No obstante, los dirigentes chinos tachan a todos de terroristas: desde el Dalai Lama, a quien acusan de alentar y «glorificar» acciones violentas, hasta los monjes que se han prendido fuego, que suponen un foco de inestabilidad social y que «responden a los intereses de los que buscan la independencia del Tíbet». En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Hong Lei, disparó contra todos ellos: «Sabemos que, hoy en día, excepto por fuerzas extremistas y cultos tenebrosos, todas las religiones abogan por el respeto a la vida y se oponen a la violencia. Va contra la moral de cualquier ser humano instigar esta forma de autoinmolación en vez de condenarla».

Boicot económico

No obstante, parece que la protesta continuará. Es lo que prevé Tsering Woeser, escritora y una de las activistas tibetanas más duras con el régimen comunista. «Si no hay un cambio a mejor los tibetanos seguirán suicidándose para protestar», aseguró en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN. «La presión no es suficiente. La comunidad internacional se limita a conminar a Pekín, pero no toma acciones reales como puede ser un boicot económico».

Aunque la llegada del Ejército Popular de Liberación, en 1950, supuso el fin del feudalismo y de la tiranía de los lamas, y a pesar de que el Gobierno chino ha invertido ingentes sumas de dinero en el desarrollo de la provincia que más quebraderos de cabeza le da -en 2006 incluso llevó el ferrocarril a través de montañas de más de 5.000 metros de altura-, lo cierto es que la presión demográfica que ejercen los habitantes de la etnia mayoritaria 'han' -que ya superan en número a los tibetanos de ciudades como Lhasa- supone una amenaza para la frágil cultura que comparten poco más de dos millones de personas. Además, los tibetanos denuncian la explotación de sus recursos y la falta de oportunidades laborales.