López del Moral: «Los delitos contra el medio ambiente se castigan con dureza»

La sociedad debe ser consciente de que las infracciones al medio ambiente «se castigan con dureza», ya que se trata de un bien colectivo a proteger jurídicamente. Ese fue uno de los mensajes que el presidente de la Audiencia Provincial de Santander, José Luis López del Moral, quiso transmitir durante la ponencia que impartió en las VII Jornadas Nacionales y V Internacionales de Naturaleza y Medio Ambiente organizadas, entre otros, por la Guardia Civil, que se han celebrado esta semana en el Paraninfo de la Magdalena. Para el magistrado, el endurecimiento de las penas o agravantes por delitos contra el medio ambiente no es «ni bueno ni malo» porque al final las penas «siempre son proporcionadas» a las infracciones.

López del Moral explicó que el incremento de las penas por este tipo de delitos es un tendencia que se viene observando en toda la Unión Europea «desde hace años». Un hecho que parte de la consideración de que el medio ambiente es «un bien jurídico digno de protección, un bien jurídico colectivo». De ahí que en 2010, España procediera a la necesaria adaptación de su legislación en esta materia, que ya que goza de un amplio consenso en toda la UE. En todo caso, López del Moral recordó que «a mayor pena» también tiene que haber «mayores garantías» a la hora de aplicar el proceso penal.

Al detallar lo que supone el endurecimiento de las penas, el presidente de la Audiencia apuntó que lógicamente también afecta a la administración pública, por ejemplo, a los concejales, que ahora se pueden enfrentar, por delitos de prevaricación, a penas más duras en inhabilitación, prisión y multa. López del Moral precisó que la ley no se ha modificado «pensando en determinados poderes públicos», sino que lo que busca es un efecto de «prevención especial» que sirva para fortalcer entre la sociedad la conciencia de que hay que preservar el medio ambiente y posibilitar que los ciudadanos interioricen que éste está protegido por ley.

El presidente de la Audiencia Provincial dedicó parte de su ponencia a comentar la compleja problemática a la que se enfrenta la Justicia cuando trata de determinar la autoría del delito medioambiental y de establecer quién es la persona responsable del mismo, sobre todo cuando éste se produce en el ámbito de una sociedad o empresa.

Una dificultad a la que se añade el hecho de que en la actualidad las personas jurídicas se entienden también como responsables del delito, lo que implica «que ahora no sólo tengamos un autor sino dos». Como ejemplo de lo complejo de la fijación de esa autoría de un delito, López del Moral recordó que en muchos casos las sociedades y empresas tienen esquemas organizativos «a veces muy extensos», además de que en ocasiones son multinacionales o tienen sedes en distintos lugares de diferentes países. Por eso, «saber quién es la persona que tiene el control de los riesgos medioambientales es, a veces, complicado».